El Comercio, Perú
4 de mayo de 2025
Realidad. Producción en la nueva Refinería de Talara cayó 36% en febrero tras fallas operativas. A siete meses del decreto de urgencia, los avances son limitados.
Por instituto peruano de economía (ipe)
Recientemente, Petro-Perú capitalizó más de S/6 mil millones en préstamos, elevando el apoyo financiero estatal a más de S/24 mil millones desde el 2013. Estos salvatajes comprometen recursos en un contexto de incumplimiento fiscal y degradan la institucionalidad del sector en desmedro de la inversión privada.
?Situación precaria?
En el primer trimestre del 2025, Petro-Perú perdió US$111 millones, 86% más que en el trimestre anterior. Este desempeño coincide con la caída del precio del petróleo, que podría llegar a US$56 por barril a finales del 2026, según la Administración de Información Energética Americana. Ello supone la continuidad de un contexto adverso para la empresa.
Sin embargo, los problemas no solo son externos. La nueva Refinería de Talara enfrenta fallas en su unidad de flexicoking, que ha registrado paralizaciones desde el 2024, lo que redujo su producción a 43 mil barriles diarios en febrero, 36% menos que en el mes anterior. Así, solo alcanzó el 45% de su capacidad operativa. Además, persisten los derrames en el Oleoducto Norperuano y sus altos costos de operación y mantenimiento. Entre el 2009 y el 2022, Petro-Perú fue sancionada 67 veces por infracciones ambientales en el oleoducto, con multas que suman S/193 millones a precios del 2025.
La situación financiera de la estatal hace improbable el cumplimiento de sus obligaciones de deuda, que vencen semestralmente. Revertir esta situación requiere el cumplimiento de los compromisos del decreto de urgencia del último salvataje. Sin embargo, a más de siete meses de publicado, el avance es limitado: si bien la venta de activos no estratégicos permitiría un alivio temporal, la reducción de gastos de 30% y la contratación de una empresa especializada para el proceso de transformación siguen pendientes.
?Deterioro institucional?
El deterioro de la institucionalidad en el sector hidrocarburos dificulta atraer inversión privada y gestionar eficientemente los recursos del país. Un caso evidente es Petro-Perú: la permanencia en el cargo de sus presidentes se redujo de 49 a seis meses en los últimos 25 años. Esta alta rotación refleja una gestión inestable y una elevada injerencia política, que debilita la capacidad operativa de la empresa y compromete su sostenibilidad. La crisis también alcanza a Perú-Petro, entidad encargada de promover inversiones en exploración y producción. El nombramiento de su actual presidente, exdirectivo de Petro-Perú, y el intento de adjudicar el lote 192 sin concurso han generado críticas. Para José Mantilla, expresidente de Perú-Petro, este tipo de decisiones politizadas socavan la autonomía técnica de la entidad y alejan la inversión.
Otra preocupación es que se sigan asignando nuevas responsabilidades a Petro-Perú, pese a sus limitaciones técnicas y financieras. A pesar de no contar con experiencia, tras la salida de Naturgy en el 2020, se le encargó la distribución de gas en la costa sur. Desde entonces, el número de conexiones creció solo 12%, muy por debajo de la costa norte (135%), Lima y Callao (86%) e Ica (64%). Pese a sus limitaciones, en el 2023 se amplió este encargo hasta el 2026.
?Potencial en riesgo?
El deterioro institucional del sector hidrocarburos ha generado un entorno poco favorable para la inversión privada. Entre el 2012 y el 2024, los contratos de exploración pasaron de 60 a solo 5, y los de explotación apenas subieron de 24 a 26. En ese período, la inversión en exploración y explotación cayó en 70%, según el Minem.
Esto no solo evidencia un menor dinamismo, sino que limita el desarrollo de regiones con alto potencial petrolífero. Al cierre del 2023, el 77% de las reservas petroleras estaban en la selva norte, principalmente en Loreto, donde el uso de estos recursos representa una oportunidad clave para generar ingresos por canon y sobrecanon petrolero. Así, en el 2024, tras la explotación de un nuevo pozo en el lote 95, Loreto recibió más de S/202 millones por estos conceptos, el doble del promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, sin procesos competitivos en la asignación de lotes, este potencial será difícil de aprovechar.
El respaldo a Petro-Perú a través de decisiones discrecionales debe detenerse. Debilita su institucionalidad, la del sector, desalienta la inversión y significa un uso ineficiente de los recursos fiscales y energéticos.
