¿Y el defensor del pueblo?

Se multiplican las voces que exigen más transparencia, control sobre el ejercicio del poder y respuestas institucionales ante abusos o negligencias. Sin embargo, una de las herramientas más importantes para canalizar esos reclamos y fortalecer la democracia sigue vacante desde hace 16 años: la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En la reforma constitucional de 1994, esta figura fue creada para actuar como un órgano autónomo e independiente, sin subordinación a ningún poder del Estado, con una misión clara: proteger derechos humanos, controlar la administración pública y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes. Desde 2009, esa misión está suspendida por la inacción del Congreso.

En un país con altos niveles de pobreza, servicios públicos muchas veces deficientes, aumentos de tarifas, conflictos ambientales, violencia institucional y creciente desconfianza ciudadana, contar con un defensor del pueblo activo no es superfluo, por el contrario, es una necesidad urgente.

Esta figura no reemplaza a jueces ni legisladores, pero tiene herramientas valiosas: puede iniciar investigaciones, exigir información al Estado, realizar inspecciones, intervenir en causas judiciales, presentar amparos y habeas corpus, proponer reformas legislativas y visibilizar problemas que muchas veces son ignorados por los poderes formales.

La ausencia del defensor del pueblo impacta cotidianamente en múltiples áreas críticas para la ciudadanía. En el ámbito de los servicios públicos, cuando los hogares sufren cortes de luz y/o aumentos tarifarios de gas u otros servicios sin información clara ni audiencias efectivas. En salud, el sistema muchas veces niega el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales, dejando a los ciudadanos sin respaldo institucional.

Los problemas ambientales, desde incendios hasta contaminación por actividades extractivas, requieren una intervención que trascienda la burocracia tradicional. Asimismo, la violencia institucional, las demoras o falta de control en planes sociales, las violaciones a la privacidad, la discriminación estructural y el incumplimiento de fallos judiciales por parte del Estado son situaciones donde la figura del defensor resulta imprescindible para garantizar derechos y exigir responsabilidades.

Se trata de una vacancia inexplicable.

Es imperioso que el Congreso Nacional cumpla con su deber constitucional y proceda a la cobertura de este cargo, cuya designación requiere el voto de dos tercios de ambas cámaras.

Sin un defensor del pueblo perdemos una voz institucional que pueda denunciar abusos, impulsar investigaciones, proponer soluciones, representar a sectores vulnerables y canalizar reclamos individuales y colectivos. Perdemos una oportunidad de controlar al Estado sin caer en la judicialización permanente. Perdemos una figura que podría estar del lado de la ciudadanía cuando el poder político o económico se vuelve opaco o abusivo.

Defender al pueblo no puede seguir siendo una consigna vacía. Debe volver a ser una política pública concreta, encarnada por una figura legítima, activa, con respaldo democrático.

La designación del defensor del pueblo es una deuda con la Constitución, con los derechos y con la democracia que decimos defender. ß

Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires