La duda judicial y la gratitud de un país

Víctor Muñoz
En tiempos de posverdad y juicios mediáticos, no sorprende que el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez se haya convertido en epicentro de la polarización nacional. Pero más allá del ruido y la confrontación política, es necesario hacerse una pregunta elemental: ¿qué se está juzgando en Colombia? ¿Un hombre o una época de nuestra historia? No soy militante del Centro Democrático. Pero sí soy un colombiano que no olvida lo que fue este país durante las décadas de los 80 y 90: narcotráfico desbordado, guerrillas en expansión, carteles criminales, acuerdos oscuros, nacimiento del paramilitarismo, crisis financieras e instituciones frágiles. Durante años caminamos hacia el colapso como Estado. Entre 2002 y 2010, los números no fueron relato ideológico, fueron hechos concretos: el secuestro cayó más del 80%, los homicidios se redujeron a la mitad, desmovilización de cerca de 50.000 hombres de los paramilitares y la guerrilla, los jefes paramilitares fueron extraditados, las Farc y el ELN retrocedieron territorialmente, los cultivos ilícitos disminuyeron a 60.000 hectáreas mínimos históricos y se recuperó la institucionalidad. También se creció a tasas superiores al 5% anual, la inversión extranjera directa creció 5 veces, se privatizaron y fortalecieron empresas públicas como Ecopetrol y Telecom, se alcanzaron récords petroleros y la confianza inversionista regresó. Eso es historia, no propaganda. Por eso, el proceso contra el expresidente Uribe genera más preguntas que respuestas. No se trata de deslegitimar jueces ni instituciones, pero el contexto es evidente: juicio iniciado siendo el principal opositor del gobierno, fiscales y jueces con claros conflictos de interés, interceptaciones irregulares, filtraciones a la prensa, testigos de dudosa credibilidad y un clima mediático que ignora los avances que permitieron a Colombia salir del caos. Estamos viendo cómo se sienta en el banquillo de los acusados a quien enfrentó al narcotráfico y al terrorismo, mientras quienes atacaron la democracia con bombas y cocaína ni siquiera han sido enjuiciados por la JEP. No se trata de defender a un individuo por su investidura, sino de exigir un sistema judicial imparcial. La ley debe ser igual para todos, sin sesgos ni vendettas. Colombia no puede darse el lujo de condenar selectivamente a quien defendió la democracia, mientras otros gozan de impunidad blindados ante cualquier escrutinio judicial. La historia es obstinada: los países que destruyen su memoria terminan atrapados en sus peores ciclos. La pregunta no es solo sobre Uribe; es sobre la justicia que queremos construir para el futuro. Faltan pocos días para un fallo que marcará un precedente histórico. La verdadera pregunta no es simplemente sobre el destino procesal de una persona, sino sobre el tipo de justicia que queremos para Colombia: una justicia independiente y sobria, o una justicia capturada por intereses políticos y viejas vendettas.
Emprendedor, investigador, analista.