El Comercio, Perú
3 de septiembre de 2025
inseguridad. La ATU declaró nulo el proceso de concurso público para la adquisición de estos equipos de videovigilancia debido a deficiencias en los términos de referencia. La medida fue propuesta por el gobierno el año pasado para combatir la extorsión en el transporte público.
Por carlos gonzales
La iniciativa del gobierno para instalar cámaras de seguridad en las unidades de transporte público ante la ola de ataques contra los choferes se truncó, ya que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) declaró nulo de oficio el proceso de selección debido a deficiencias en los términos de referencia del concurso público, por lo que el proceso regresa a la etapa de convocatoria.
?El 21 de agosto del 2025, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular emite informes y advierte la falta de componentes que no fueron considerados dentro de los términos de referencia en su elaboración, tales como certificaciones, que resultan necesarias para una correcta satisfacción de la necesidad requerida; en consecuencia, concluyen que se evidencian deficiencias en las características técnicas desarrolladas en los términos de referencia?, indicó la entidad en su resolución 256-2025-ATU-PE, emitida el pasado 25 de agosto.
La iniciativa había sido anunciada, el 26 de setiembre del 2024, por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, como una medida para identificar a los extorsionadores que atacaban las unidades de transporte público.
En abril de este año, las cifras de la iniciativa fueron actualizadas, ya que Pérez-Reyes señaló que se instalarán 16.200 cámaras de videovigilancia con botones de pánico en 8.000 vehículos de transporte público en Lima y Callao, y ya no en 24.000 unidades, como dijo anteriormente.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, cuestionó que no se concrete la instalación de cámaras de seguridad en los buses de transporte público por ?malas licitaciones?. Detalló que el lunes se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, para abordar este tema. ?Se han comprometido que esta situación la van a subsanar en el breve plazo posible y esperamos que esta situación se revierta porque este compromiso ya cumplió un año?, manifestó Ojeda a El Comercio.
Advirtió que la no instalación de cámaras genera inseguridad y desconfianza en los conductores, lo que contribuye a que estos trabajadores abandonen sus labores y emigren al extranjero. Aseveró que ya son más de 2.000 los choferes que han decidido irse a otro país.
Ojeda consideró que se deben colocar cámaras de seguridad en más de 16.000 unidades y no solo en 8.000, como plantea el gobierno, ya que por Lima Metropolitana circulan más de 22.000 vehículos de transporte público.
?La otra parte?Luis Vilela, asesor de la presidencia de la ATU, informó el lunes 1 de setiembre, ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que el proyecto de la instalación de cámaras de seguridad contempla un presupuesto de S/112 millones y que el proceso sigue en marcha. Resaltó que se instalaría para este año ?un primer lote de al menos 16.000 cámaras para 8.000 buses de transporte público?.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisó ayer que la compra de 16.000 cámaras de seguridad se ejecutará bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual el Ejecutivo emitirá un decreto de urgencia. Confirmó que los equipos de videovigilancia serán colocados en 8.000 unidades de Lima y Callao. En su comunicado, el sector explica que se declaró nulo el procedimiento de concurso público llevado adelante por la anterior gestión de la ATU, en abril de este año, debido a que ?los mismos participantes detectaron 580 cuestionamientos al contenido de las bases del procedimiento de selección?.
problema de fondo
Para Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, la instalación de cámaras no resolverá el tema de fondo, que es la extorsión. Afirmó que las autoridades deben continuar con la iniciativa de comprar los días de descanso de los policías y desplegarlos en las diferentes unidades de transporte.
