Iliberales, inconstitucionales e ineficientes

Jorge Restrepo
En nuestra constitución el Gobierno Nacional tiene enormes poderes, pero cada función suya está definida y sometida a restricciones para su ejercicio. Pese al éxito en materia de reformas en los últimos dos años, el Gobierno ha intensificado el uso de la vía administrativa, resultando en una enorme litigiosidad. En un análisis este domingo en El Tiempo, Ricardo Ávila muestra el creciente uso de estos poderes administrativos en salud, energía e infraestructura. Juristas consultados por Ávila señalan que el uso que ha hecho el Gobierno del poder administrativo afecta la separación de poderes, pues se usa sin deliberación previa en el Congreso. Igual de grave es que, como sostiene Alejandro Linares, "incluso si los decretos o regulaciones en cuestión fueran posteriormente declarados inconstitucionales o nulos" y los litigios resultan en "la protección de derechos eventualmente vulnerados" las decisiones administrativas tienen "efectos materiales que pueden ser irreversibles". Un ejemplo de esta irreversibilidad es el desfinanciamiento de la salud y la intervención para control administrativo de las EPS, que está a punto de llevar a una falla sistémica al sistema público de salud. Aunque el gobierno ha avanzado su agenda antiempresa que busca reducir la participación de los agentes privados en la provisión de servicios sociales, para así limitar la iniciativa privada, "cancelar el lucro" y perseguir "la codicia", muchas de las decisiones administrativas las toma el Gobierno sin información o con información insuficiente, dirigiendo recursos a usos de baja rentabilidad social y privada e incurriendo en enormes costos de oportunidad. Apenas este fin de semana, el Presidente ordenó la intervención del ahorro pensional, y aunque corrigió la "despiporrada" idea (su término) de que estos recursos son públicos pues dijo que son "propiedad de los trabajadores", igual anunció restricciones sobre dónde se invertirán. No conocemos los destinos ni la rentabilidad potencial de las inversiones, ni cómo garantizará el gobierno la seguridad y rentabilidad para los trabajadores. Con la sustitución de los subsidios para la superación de la pobreza por el financiamiento de emprendimientos colectivos, sin conocer su viabilidad, sostenibilidad o los medios de gestión, el gobierno reducirá el bienestar de los más desprotegidos a cambio de una promesa incierta. El desprecio por el mejor uso de la tierra se lee en las prohibiciones en las Áreas para la Producción de Alimentos, que terminarían sustituyendo cultivos de alto valor, con empleos formales y exportaciones, por cultivos de bajo valor, alto riesgo agrícola y de precio, y signados por la informalidad laboral en su cultivo. Las restricciones al Gobierno no resultaron suficientes. Más allá del litigio y del resultado de las elecciones, nuestro sistema económico necesita una nueva garantía para proteger el interés público, el bienestar de los más pobres, la iniciativa empresarial y los intereses privados de los efectos irreversibles de decisiones administrativas iliberales, inconstitucionales e ineficientes.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana. Linkedin: @jorgearestrepo