Una muy ‘dañina’ reforma tributaria

Mario Hernández
A escasas 24 horas de iniciado el gobierno de Gustavo Petro, el entonces ministro de Hacienda, José A. Ocampo, presentó al Congreso una inconsulta reforma tributaria afirmando sin rubor que el objetivo era recaudar $75 billones, lo cual además de una chambonada era absolutamente irresponsable e imposible como lo demuestran las cifras, pero sí causó un daño muy grande a la economía, que hasta mediados de ese año traía un ritmo de crecimiento del 10% para terminar a finales del período por debajo del 3%, pero el impacto mayor se dio en 2023 en el que solo aumentó 0,6%. Ese año fue el peor del este siglo, excluyendo la pandemia. La cuestionada reforma pasó en el Congreso gracias a la trinca que armó el gobierno, siendo víctima de su propio invento, al tener que nombrar la mitad de los miembros del primer gabinete para satisfacer las apetencias de los llamados partidos de la coalición y lograr la aprobación del plan de desarrollo y la citada reforma. El desconocimiento de propuestas del sector privado en la discusión de la reforma fue total y en esos términos el daño fue monumental en términos de pérdida de riqueza y mayor informalidad de los negocios. En los años siguientes el pasivo a pagar es brutal: un déficit fiscal que el gobierno calcula en 7,1 puntos del PIB, que en plata es de $130 billones. Los dos primeros ministros de Hacienda del gobierno sobreestimaron los cálculos de los recaudos en un acto poco serio. Ahora pasará algo similar, pero con consecuencias más graves. Sin ningún criterio técnico-económico, el gobierno anuncia una nueva reforma tributaria, cuyo objeto no es otro que recaudar $26 billones en 2026 para atender las necesidades básicas de sostenimiento burocrático, pues el rubro de inversión pública no tiene prelación alguna. El compromiso en reducción de gastos y austeridad no existe y las denuncias de corrupción, ineficiencia, descoordinación son pan de cada día. La economía nacional está creciendo en este momento en una tercera parte de lo alcanzado en 2022 y castigarla con una nueva reforma tributaria que golpea la renta de personas y empresas, el consumo por el camino del IVA y la inversión por la vía del patrimonio es sencillamente irracional. Es regresiva para hablar en los términos de los expertos. Lo que ha ocurrido en ese cuatrienio en materia de gasto público es increíble. En el último año del gobierno Duque el presupuesto nacional ascendió a $350,4 millones y el proyecto de 2026 llegará a $558 billones, lo que representa un crecimiento por fuera de toda proporción de 59% pero la complacencia del equipo económico del gobierno, Hacienda y Planeación es penosa, pues solo obedecen las apetencias del palacio presidencial sobre el manejo de los recursos públicos para fines electorales. Ya conocemos la ligereza del gobierno en el manejo de muchos temas como las reformas a la salud y laboral, actitud que seguramente mantendrá con la reforma de los impuestos, por lo que no queda sino confiar en la responsabilidad del Congreso, así sea que se tenga que recurrir al pragmatismo político electoral determinante en el favor de los electores en su decisión democrática. Los electores tendrán la palabra.
Empresario exportador.