Democracia, voto y doble estándar

Las votaciones periódicas, regladas e informadas son un aspecto esencial de la democracia. El voto puede considerarse un derecho, y en ese caso es voluntario, o un deber, en cuyo caso es obligatorio. Las encuestas distinguen entre los votantes "habituales", aquellos que ejercen voluntariamente su derecho, de los "obligados", que lo hacen forzados por la norma, y, más aún, han detectado que en algunos casos sus preferencias no necesariamente coinciden.
Tanto el voto voluntario como el obligatorio son legítimos, pero una vez definida cuál regla usar, esta debe cumplirse. En Chile, después de una década durante la cual la voluntariedad redujo dramáticamente la participación electoral, el país, por amplio consenso, restableció el voto obligatorio. Así lo consagra hoy la Constitución, junto con mandatar que una ley orgánica establezca las sanciones a aplicarse por el incumplimiento de este deber. Sin embargo, luego de haber aprobado y aplaudido esa reforma, el Gobierno y su sector han querido torcer ese camino, obstaculizando los proyectos para implementar esas sanciones. Además, pese a haber defendido en el pasado los derechos de los inmigrantes, ahora han intentado que aquellos con residencia legal de más de cinco años y que tienen derecho a voto solo puedan hacerlo en las elecciones locales, y, por último, si eso no se aprobase, que no haya multas si no participan y, además, que, en general, estas sean lo más bajas posibles. Claramente están respondiendo a las encuestas, que indican que la mayoría de los votos "obligados" se irán a candidatos de oposición.
Este doble estándar -sostener una doctrina si ella es favorable, y la opuesta, si deja de serlo- es contrario a la ética política que permite una sana convivencia democrática. Cuando Ricardo Lagos era Presidente y se discutió la posibilidad de permitir la reelección del gobernante, él afirmó que si aquello se hacía, solo sería válido para el siguiente presidente, nunca para favorecerse a sí mismo, respondiendo correctamente a esa ética. Recientemente el Presidente Boric hizo una ardorosa defensa de la democracia, afirmando que ella ahora enfrenta amenazas que se desarrollan lentamente y que "ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno". En un discurso algo errático, aludió a la reforma previsional ("la democracia también se juega en las pensiones"), pero asimismo fustigó al régimen de Nicaragua, que encarcela y quita la nacionalidad a sus opositores. En cambio, olvidó mencionar el camino que durante el segundo gobierno de Piñera adoptó el Frente Amplio, que desestabilizó la democracia con infundadas acusaciones constitucionales en contra de Piñera e idealizó a la "primera línea" (el propio Boric luego indultaría a "presos de la revuelta"), que utilizaba la violencia para intentar modificar el mandato otorgado por el pueblo.
La ética política exige que la democracia se ejerza solo por quienes reciben ese mandato según el voto popular, reglado en la Constitución vigente y sin doble estándar.