Derecho, respeto y bien común

En 1991, la Constitución fue establecida, a nombre del pueblo colombiano y en ejercicio de su soberanía, con el objeto expreso de "fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo". Todos, tanto quienes integran las ramas y los órganos del poder público como los particulares y la población en general, estamos sujetos a unas reglas de obligatorio cumplimiento, señaladas en esa Constitución, en las leyes y en las demás normas que componen el sistema jurídico. Tenemos derechos, libertades y garantías, pero, correlativamente, estamos sometidos a deberes, cargas y límites. En cuanto a la organización estatal, es de carácter democrático. El poder público no se ejerce en beneficio o interés de sus titulares sino para el logro de los objetivos del bien público y el interés general. Su ejercicio está sujeto a normas, dentro de un esquema de separación y equilibrio que impide toda forma de concentración, abuso o irresponsabilidad. Hay separación de funciones y mecanismos de mutuo control. Las atribuciones y facultades de las autoridades están definidas en el ordenamiento. Todos los órganos, corporaciones y funcionarios, en sus diferentes niveles, tienen solamente el poder que les otorgan las disposiciones y deben responder cuando desbordan los límites señalados o invaden la órbita de otros órganos o autoridades. De allí que exprese el artículo 121 que "ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley". Según el 122, "no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Añade que "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben". Son las reglas propias de la democracia, que cabe recordar porque a veces se olvidan o se eluden, acudiendo a sofisticadas interpretaciones. Los servidores públicos y la comunidad deberían conocerlas. Están contenidas en normas que deben ser cumplidas. Sobre su alcance y consecuencias, nuestros altos tribunales han sentado jurisprudencia en las distintas materias. Sería mejor que unas y otras -normas y precedentes jurisprudenciales- se tuvieren en cuenta, en vez de las polémicas, distorsiones y errores que a diario se generan desde las redes sociales, con trinos, audios y videos, que no por ser virales son correctos y que muchas veces confunden al ciudadano. En cuanto a las relaciones entre las ramas y los órganos del poder público, que -por causa de la polarización política- son pésimas durante el actual período y tienden a empeorar con vista al año electoral que se avecina, son muchos los colombianos que consideran indispensable -así lo solicitan a gobernantes y opositores- volver a la racionalidad y a la lealtad, sin perjuicio de las diferencias ideológicas. La controversia política puede tener lugar dentro de un mínimo de consideración y mutuo respeto, y cumpliendo las reglas. ¿Será imposible? Valdría la pena reflexionar, pensando un poco más en el pueblo colombiano, en sus necesidades y apremios, con prioridad sobre los objetivos puramente electorales de unos y otros. El Gobierno, el Congreso, los gobernadores y alcaldes, los dirigentes y partidos, los aspirantes y los precandidatos, así como sus redes y medios de comunicación, deberían dejar a un lado las agresiones, las sindicaciones, las peleas intrascendentes y los insultos, para ocuparse en ideas y propuestas en beneficio de los gobernados, en materia de salud, de justicia, de trabajo, de vivienda, de educación, de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia. En una integración nacional, intercambiando criterios para beneficio público, no para la destrucción del contradictor.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo