La crisis francesa

Con la caída del gobierno de François Bayrou se terminó el verano en Francia, y Emmanuel Macron, que estuvo más preocupado de la guerra de Ucrania y los aranceles de Trump que de la política interna, nombró rápido un nuevo primer ministro. Sébastien Lecornu tiene como principal tarea elaborar un presupuesto para 2026 y, lo más difícil, que la Asamblea Nacional lo apruebe. Lo de Bayrou pareció un "suicidio político" porque pidió un voto de confianza que sabía no podría ganar, tras la presentación de un presupuesto de austeridad que hacía millonarios recortes, eliminaba dos días feriados y congelaba las pensiones. Era una cuestión de principios, porque, a su juicio, la enorme deuda pública (114% del PIB) y el déficit (5,8% del PIB) -que casi dobla el límite permitido por la Unión Europea- son insostenibles. Mantenerlos "hundiría en la esclavitud" a las futuras generaciones y Francia perdería su independencia frente a los acreedores.
Lecornu, exministro de Defensa y completamente leal a Macron (está en el gabinete desde 2017), fue encomendado a dialogar con todos los sectores para destrabar el impasse presupuestario, pero las cosas en la política francesa no están fáciles. El gobierno de centro no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, que después de las elecciones de 2024 quedó más fragmentada, dividida en tres bloques de complicada interacción. Para cualquier acuerdo necesitará apoyo tanto de los socialistas como de la derecha de Reagrupación Nacional (RN), porque la izquierda extrema de Jean-Luc Mélenchon -La Francia Insumisa- no solo advierte que intentará derribar a Lecornu en la primera sesión parlamentaria, sino que exige la renuncia del Presidente. Los socialistas hubieran querido ser llamados al gobierno, mientras Marine Le Pen prefiere elecciones, en las que su partido tendría opción de ganar.
Los políticos de oposición, pensando en los votos, son reacios a tomar las decisiones necesarias para enmendar la economía francesa, en una situación donde también el Ejecutivo, pese a sus intentos reformistas, tiene su propia cuota de responsabilidad. En Francia, en rigor, no hay desde 1973 un presupuesto equilibrado, porque sostener un Estado de bienestar demasiado generoso ha hecho que el gasto público se dispare. Mientras hubo un sólido y sostenido crecimiento, la situación podía manejarse, pero el envejecimiento de la población, la crisis de 2008, la pandemia y las altas tasas de interés fueron sumando problemas. En los últimos años, la guerra de Ucrania golpeó fuerte en el tema energético, al cortarse el suministro de gas barato de Rusia. Subsidios a los consumidores y ayudas a las empresas acrecentaron el gasto y la deuda. Macron ha intentado impulsar el crecimiento con políticas proempresa, con rebajas al impuesto corporativo y sin alzas a los tributos de las personas. También hizo una reforma previsional, aumentando la edad de jubilación de 62 a 65 años, en contra de los parlamentarios, y ha rechazado categóricamente aplicar, como pide la izquierda, un impuesto a los "superricos", 1.800 individuos con patrimonio sobre 100 millones de euros. Esto no soluciona nada, pero, dicen los críticos, aplacaría algo el descontento de quienes piensan que los trabajadores son los que llevan la carga más pesada. Para negociar con el PS, probablemente Lecornu tendrá que ceder en los montos de reducción del gasto (menores que los de Bayrou) y en algún tipo de impuestos adicionales.
"A bloquearlo todo"El día que asumió Lecornu, unos 200 mil franceses, principalmente estudiantes universitarios y escolares, salieron a las calles de varias ciudades. Hubo 550 protestas, 262 bloqueos de carreteras y caminos, un bus quemado, incendios en locales comerciales y más de 470 detenidos. Advertido de las movilizaciones, el gobierno desplegó 80 mil policías en todo el país, que usaron gases lacrimógenos, escudos y bastones. Las protestas -que no lograron paralizar el país ni se comparan con los violentos disturbios de 2023, contra la reforma de pensiones- no estaban organizadas especialmente contra el nuevo premier ; se venían gestando en las redes sociales desde hacía meses.
La convocatoria partió en mayo, en Telegram, por un grupo supuestamente apolítico -algunos lo catalogaron de ultraderecha- que usaba la frase "Bloqueemos todo" como llamado a la acción, a realizarse el 10 de septiembre. En un sitio web planteaban sus demandas y posteaban mensajes contra el gobierno. En julio, el movimiento tomó vuelo como protesta contra el presupuesto de Bayrou, y adquirió un marcado tono de izquierda radical cuando Mélenchon le dio su apoyo. Tal como ocurrió con los "chalecos amarillos" de 2018, no se identifica un liderazgo ni una ideología única; más bien es una suma de individuos y "colectivos" descontentos y desconfiados del "sistema". Los analistas de redes sociales, sin embargo, encontraron numerosas cuentas falsas y "redes de bots" que ayudaron a amplificar la convocatoria. Según Projetfox, una plataforma que revisa y analiza mensajes online , la red de bots "estaría controlada por entidades extranjeras que intentan agudizar las divisiones sociales en Francia". Como sea, la proliferación de mensajes en Facebook, X y Telegram fue clave, como ha sido en otras protestas y en otras latitudes, para llevar a decenas de miles de personas a manifestarse simultáneamente en distintas ciudades, sin líderes políticos ni sindicales a la vista. Los gremios tienen su propia movilización este jueves.