Tributaria: confianza y empleo

Jesús Antonio Vargas Orozco
El déficit presupuestal de la Nación se proyecta en 7,5% del PIB en 2025, cifra que supera el excepcional de la pandemia. El Gobierno suspendió la regla fiscal vigente desde 2011 y elevó el déficit de 5,1% a 7,1% del PIB para ese año, con una meta cercana al 6,2% en 2026. En este contexto, fue radicada otra reforma tributaria, -la tercera de su administración-. Con la reforma busca recaudar más de $26 billones para enfrentar el grave déficit fiscal que se presenta. Entre sus propuestas incluye gravámenes al sector financiero, a la exportación de hidrocarburos, al consumo de bienes específicos, a las iglesias con actividades comerciales y a personas de altos ingresos. Aunque intenta estabilizar las finanzas públicas, sus implicaciones sobre la confianza empresarial, la inversión y el empleo generan preocupaciones. El contexto fiscal colombiano es crítico. El gasto público ha superado consistentemente los ingresos, con un déficit proyectado cercano a $36 billones en 2026. La reforma se plantea como necesaria, pero su estructura y el momento político hacen poco probable que sea aprobada. Esto agrava la incertidumbre, máxime cuando la concertación fue solo slogan en el discurso de posesión del presidente. La confianza empresarial ha venido deteriorándose. Según la ANDI, la falta de previsibilidad en las reglas fiscales y el aumento del gasto sin claridad sobre su impacto productivo afectan negativamente las decisiones de inversión. Gravar sectores estratégicos como hidrocarburos y banca -fuentes de empleo e inversión- sin una estrategia clara de diversificación económica profundiza esta desconfianza. Así mismo, estos impuestos terminan afectando la capacidad adquisitiva de la población de ingresos medios y bajos. La inversión, especialmente la privada, está estrechamente ligada al entorno tributario. Estudios de Fedesarrollo y Anif muestran que las reformas recientes elevaron los costos de capital, disminuyendo la competitividad. Además, la existencia de beneficios tributarios concentrados en grandes empresas, con tasas efectivas de renta inferiores al promedio legal, distorsiona el sistema y erosiona la base tributaria. En cuanto al empleo, si bien la reforma no lo aborda de manera directa, su efecto en la inversión sí lo hace. Menor inversión productiva implica menos empleos formales. Desde una perspectiva estructural, el equilibrio fiscal debe lograrse sin deteriorar las condiciones para la inversión ni debilitar la confianza de los agentes económicos. El país necesita una reforma integral, técnica, con amplio respaldo político y social, que garantice progresividad, elimine distorsiones y promueva el crecimiento. En síntesis, el desafío del Gobierno es doble: asegurar recursos fiscales de forma sostenible y restablecer la confianza en la economía. Para ello, es fundamental un pacto fiscal que combine disciplina, equidad y competitividad.
Consultor empresarial. /Jesusvargas.orozco@gmail.com