Renuncias en el FAPP

Se suma la reciente renuncia de un miembro del Consejo Directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) a la anterior dimisión, en junio pasado, de otra consejera cuya designación había sido poco antes aprobada por el Senado. Esta serie de renuncias da cuenta de cierta desprolijidad que involucra a los propios miembros dimitidos, al Gobierno y a la Cámara Alta, y que debe llamar a la reflexión respecto de esta institucionalidad y la responsabilidad de cuidarla.
El Consejo Directivo del FAPP es, en efecto, un órgano de la mayor relevancia, con importantes roles dentro de la nueva institucionalidad de pensiones que empieza a instalarse a partir de la reforma aprobada a principios de este año por el Congreso. El manejo del fondo previsional, que recibirá parte de las cotizaciones de las personas -algunas permanentes y otras correspondientes al controvertido préstamo-, además de recursos del Estado, involucra un esfuerzo de gestión importante, tanto a la hora de definir a los administradores de los dineros que se acumulen, como en cuanto a velar por la sustentabilidad financiera del propio fondo. Esta última tarea implica no solo sofisticados estudios actuariales, sino también la permanente evaluación de los beneficios otorgados a los pensionados, de modo de asegurar su viabilidad en el tiempo. Por eso, la ley que creó el Fondo le otorga a su Consejo Directivo -con ciertas restricciones- la posibilidad de modificar los parámetros del beneficio por años cotizados, en tanto estas modificaciones se apliquen a los nuevos beneficiarios que comiencen a acceder a él con posterioridad al cambio. Esto, "de conformidad a la sustentabilidad del Fondo" (artículo 28, número 6, de la Ley 21.735).
El alcance de estas responsabilidades es alto y no solo desde el punto de vista técnico. Y es que quizá aún más importante sea lograr la consolidación de una institucionalidad cuyos miembros tengan plena conciencia del rol que cumplen y que logre ser lo suficientemente fuerte para poder abstraerse de las presiones políticas que inevitablemente recaerán sobre una entidad que administrará cuantiosos recursos en un área crítica, como son las pensiones.
Las renuncias conocidas pueden haber tenido motivos puntuales, pero es evidente que, en tiempos de incertidumbre institucional -y más tratándose de materias especialmente sensibles para la ciudadanía y el debate político-, alimentan dudas y críticas que poco contribuyen a consolidar el nuevo órgano. Es tarea de los diferentes actores involucrados evitar desprolijidades y hacer todos los esfuerzos que permitan instalar una institucionalidad efectivamente robusta.