Medidas asfixiantes

La aprobación anual del proyecto de ‘Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones’ en el Congreso de la República, constituye fundamento esencial de la democracia colombiana, por coincidir en este organismo la representación de todas las fuerzas políticas. Su concertación con el gobierno de turno durante el trámite, concreta el control político del legislativo sobre el ejecutivo, establecido por la Constitución en materia hacendística. El proyecto para el 2026, diseñado de forma desbalanceada en $26,3 billones, concentró la atención nacional en estos días por el alto guarismo de ingresos y gastos propuestos, la ausencia de aminoración en estos últimos y el amarre a una agresiva reforma tributaria. Avanzó con la posibilidad de ajuste de las cifras en un camino tortuoso hasta encontrar la talanquera de la inasistencia de los representantes del partido de gobierno a las sesiones conjuntas del jueves pasado. La voluntad gubernamental de aceptar una reducción de $10 billones en los ingresos, con lo cual los $556,9 billones iniciales bajarían a $546,9 billones, reduce la presión en materia de nuevos recursos a obtener con el proyecto de ley de financiamiento presupuestal a $16,3 billones. Si se tiene cuenta que la pretensión impositiva incluye un recaudo producto de gestión de la Dian de $6,3 billones, los cambios al estatuto tributario quedarían persiguiendo la "bicoca" de $10 billones, suma aún desproporcionada con la situación actual de la economía. El anuncio de la rebaja advirtió la revisión de algunas de las medidas propuestas, como los cambios en IVA, los impuestos a los juegos de suerte y azar en internet y a la gasolina. También refirió mantener las del impuesto de renta para buscar mayor progresividad. En esta última intención resulta válido lo relacionado con el aumento de la tarifa en el último intervalo de la tabla aplicable para cubrir los contribuyentes con ingresos muy altos de la sociedad, es decir los "muy ricos", y el incremento de la tributación sobre los dividendos. Pero frente a quienes integran la clase media, es imposible pretender extraerles más aportes para el Estado. Este último segmento, al igual que el grueso de la población, resultará gravemente afectado si se aprueban los cambios en IVA que recaen sobre los combustibles. Adicionalmente, el impacto para la "clase sándwich", producto de las modificaciones en la tarifa del impuesto de renta a partir de $84’658.000 de ingresos anuales, pierde de vista el efecto de la drástica disminución por rentas exentas, incluido el beneficio del 25% calificado por la Corte como reconocimiento del mínimo vital, y por deducciones, adoptada con la reforma del 2022. Por ello, sus niveles de tributación actual deberían ser respetados. De otra manera, sus miembros serían obligados a vivir un peligroso retroceso social.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian. gcotep@globbal.co