El Congreso le apuesta a discutir el presupuesto y a evitar el ‘decretazo’

La oposición y los sectores independientes del Congreso se la van a jugar para que el presupuesto de 2026 no sea decretado, tal y como sucedió en 2024. Para ello, hoy arranca una maratón de nueve días con el fin de buscar consensos, pues el 24 de septiembre debe estar aprobado el proyecto en primer debate o habrá dictadura fiscal. Con la jugada de los aliados de la Casa de Nariño que evitó la discusión del monto -el jueves rompieron el quorum de las comisiones económicas y no volvieron a convocar-, comenzó a pavimentarse el camino para que el Gobierno emita el ‘decretazo’ del presupuesto. Lo anterior significaría que el presidente Gustavo Petro gobierne casi la mitad de su periodo en dictadura fiscal. Según la ley, antes del 15 de septiembre las comisiones económicas debían pronunciarse con respecto al monto de 556,9 billones de pesos, dinero con el que no cuenta la Nación y su aprobación implicaría amarrar el proyecto a una reforma tributaria de 26 billones de pesos, la cual ya camina en el Legislativo. Si bien la oposición intentó reducir el monto a una cifra que no implicara tramitar una tributaria, el oficialismo se la jugó para que no se tomara una decisión. Desde la Casa de Nariño hubo un doble discurso. Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó en la sesión del jueves que estaban dispuestos a reducir el monto en 10 billones de pesos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró a través de un video divulgado en sus redes sociales que el presupuesto no se debatiría por menos de 556,9 billones. Y por ahora va ganando el pulso el jefe de la cartera política. En este punto comienza un debate jurídico, pues la ley no es clara sobre los caminos a seguir. Algunos expertos aseguran que al no haber un pronunciamiento de las comisiones económicas se entiende negado el proyecto. Pero ese no será el camino que tomará el Capitolio, que seguirá la misma ruta planteada el año anterior, cuando el país se enfrentó ese insólito debate. La idea de la oposición y los sectores independientes es ahora presentar ponencias alternativas para el primer debate, en el que a través de discusión de artículo por artículo se reduciría el monto. El oficialismo insistirá en una ponencia de 556,9 billones de pesos. Y, según la ley, hay plazo hasta antes del 25 de septiembre para que las comisiones económicas aprueben el proyecto en el primer debate. "Aprobaron un monto elevado, inflado, de 557 billones, y el Gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella, porque afecta a los ciudadanos. En estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo, y hay unos donde se le da facultades al Presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros", aseguró la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. Desde el Capitolio han advertido de los riesgos de repetir la historia del 2024, especialmente por artículos que dan facultades al Ejecutivo para apropiarse de vigencias futuras. Así lo señala el artículo 88, que de llegar a la discusión punto por punto sería uno de los que buscarían eliminar con el propósito de no dejar endeudados a futuros gobiernos. "Creo que lo que quiere el Gobierno es que le hundamos el presupuesto para sacarlo por decreto y que queden incluidos algunos artículos malsanos y peligrosos, como el 88, que dice que el Gobierno puede disponer de las vigencias futuras", enfatizó el senador conservador Efraín Cepeda. Además, el congresista ha sido uno de los que ha llamado la atención por la baja ejecución del Gobierno, por lo que se pregunta para qué quiere más dinero cuando ya se demostró que la actual administración no tiene la capacidad de hacer uso adecuado de este. El oficialismo parece no ceder. Aseguran que la intención de reducir el monto afecta a las clases más desfavorecidas. "Nosotros no cederemos ante la agenda de quienes prefieren castigar a la población con austeridad mientras los más grandes conglomerados pagan menos impuestos que los microempresarios", dijo la representante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro. Pero no hay ambiente para eso y llegar a consensos no parece una tarea fácil. Para tomar una decisión en ese debate, las cuatro comisiones económicas deben votar en el mismo sentido y hoy los independientes y opositores gobiernan en Senado, mientras que el oficialismo reina en Cámara. Si las económicas toman una decisión, ahora el pulso será en plenarias de Senado y Cámara y la fecha límite para que el presupuesto esté aprobado y conciliado es el 20 de octubre. Si ese día no hay un pronunciamiento definitivo del Congreso, la iniciativa debe ser expedida vía decreto tal y como se presentó por parte del Gobierno, es decir, con los 556,9 billones de pesos y necesitando de una tributaria para cumplir con todos sus objetivos. Sin embargo, si no se aprueba el presupuesto es poco probable que prospere la reforma que trae atada, por lo que la Casa de Nariño deberá, nuevamente, emitir otro decreto de aplazamiento presupuestal, como sucedió con el del 2025. Mateo García - Subeditor Política