El lunes se requisaron tres celulares a integrantes de dos familias del Cerro sospechosas de estar detrás del ataque a la casa de la fiscal de Corte; sospechan que guardias avisan a narcos antes de las requisas.
Redacción El País ¿Cuántos años hace que no ocurre un motín en el Penal de Libertad?, se preguntó una fuente policial. Muchos años se autorrespondió.
Distinta es la situación del Comcar donde hay decenas de grupos enfrentados entre sí. En el Comcar se alojan los presos de los escalafones más bajos del submundo criminal: rapiñeros y ladrones de poca monta adictos al consumo de pasta base.
Sin embargo, la mayoría de los presos del Penal de Libertad fueron alojados allí por tráfico de drogas, lavado de activos o delitos violentos (un porcentaje importante de los presos de esa cárcel fueron condenados por homicidios). ¿Pero por qué en el Penal de Libertad hay una "paz" duradera pese a que están alojados en ese centro los delincuentes más peligros?
La fuente explicó que el Penal de Libertad hoy está dominado por dos familias del Cerro de Montevideo que llegaron a un acuerdo con los guardias cárceles.
Dicho acuerdo no se basa en el dinero sino en mantener la buena convivencia entre guardias e internos. Es decir, se terminaron aquellas épocas donde el "brazo gordo" preso con poder y ascendencia entre los reclusos pagaba luz y el agua a los operadores penitenciarios a cambio de "favores" como los ingresos de armas, drogas y celulares.
Ahora, según la fuente, el acuerdo apunta a mantener la paz interna. Por ejemplo, si un recluso genera violencia entre sus pares o hacia los guardias, estos le hacen saber a los "pesos pesados", quienes mandan a sus "soldados" para que "calmen" al interno violento por la fuerza.
Ese intercambio de favores implica, además, que varios guardias avisan a los "pesados" cuando investigadores penitenciarios llegan al penal a hacer una requisa de teléfonos celulares.
Los guardias golpean la reja o gritan un nombre en código y enseguida desaparecen los celulares utilizados por los presos pesados para dirigir sus negocios dentro de la cárcel, según las fuentes.
Por eso ayer se realizó una requisa en las celdas de los presos investigados y apenas se incautaron tres aparatos. Los investigadores suponen que ambos delincuentes utilizan unos 15 teléfonos para estar conectados con integrantes de sus organizaciones.
Además, la ubicación geográfica del propio penal ayuda a los delincuentes. Desde el edificio pueden ver a quienes se acercan desde larga distancia y ello les da tiempo para hacer desaparecer los teléfonos celulares y dejar a la vista aparatos que no contienen ninguna información, agregaran las fuentes penitenciarias.
El penal tiene dos edificios: el celdario grande tiene dos alas y cada una de ellas tiene 25 metros de largo y un corredor central de ocho meteros. El lugar es muy grande. Eso favorece la autonomía de cada celda. Mientras el edificio chico, conocido como "la Piedra", es un celdario más contenido. Allí se alojan los condenados por narcotráfico en dos sectores.
Volviendo al atentado a la casa de Ferrero, los investigadores se preguntan cuál fue el móvil de la irrupción a la vivienda: ataque, atentado o amenaza. ¿Buscaban herir a la fiscal de Corte o a su familia o solo atemorizarla?
Según las fuentes consultadas por El País, Ferrero hace más de dos años que no lidera ninguna investigación contra cargamentos de cocaína. Sin embargo, entre los narcos y los reclusos existe la creencia de que ella está detrás de cualquier acción vinculada al tráfico de drogas elaborada desde de la Fiscalía.
Imputado.
La Justicia, a solicitud de la fiscal de Estupefacientes de cuarto turno Angelita Romano, imputó ayer a uno de los detenidos investigados por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Según supo El País, se lo formalizó por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Deberá cumplir prisión preventiva hasta el 28 de marzo de 2026, mientras continúa la investigación.
Esta persona tiene antecedentes penales. "No vive en el Cerro", dijo una fuente del caso a El País.
Para la mujer, que estaba detenida por este caso, se dispuso el cese de detención y quedó en libertad. La investigación continúa en busca de más responsables y tiene una reserva judicial dispuesta.
Sobre las 5:00 de este domingo, al menos dos personas ingresaron por el techo al patio trasero de la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, donde descansaba con su familia. Lanzaron una granada y dispararon al menos dos veces contra las paredes de la vivienda.
El ataque fue tomado como un hecho de enorme gravedad por parte del gobierno, el sistema político e incluso la Confederación de Cámaras Empresariales.
La investigación derivó rápidamente en la detención de un hombre y una mujer, y en la incautación de un auto y una camioneta que habrían sido utilizados por los delincuentes para desplazarse.
El ataque fue preparado y no pudo ser evitado por los efectivos de la Policía Republicana que montan guardia en una garita frente al domicilio montevideano de la fiscal, explicaron fuentes del Ministerio del Interior, quienes interpretaron que el ataque no apuntó a matar a Ferrero sino a amedrentarla.
El País, Uruguay
1 de octubre de 2025
