Familia Correa abre zanja e instala cierres para evitar nueva usurpación en Quilpué

Después de cinco años de batalla legal, la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado por un sicario en 2020- podrá volver a disponer de los terrenos que le fueron usurpados en el sector Calicheros de Quilpué.
El predio quedó sin ocupantes el martes, luego que la empresa Río Grande, contratada por el Serviu, concluyera la demolición de las 140 viviendas que habían construido los usurpadores, cumpliendo con ello un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La seremi de Vivienda, Belén Paredes, señaló que tras finalizar las faenas de demolición, ayer se iniciaron los trabajos de recolección y retiro de los escombros. Durante la mañana, las labores se focalizaron "en el acopio de material y durante la tarde se inició retiro de escombros a través de camiones", describió.
La socióloga planteó que "el desarrollo del contrato de demolición está fijado para siete días y posterior a ello se entregará el terreno a los propietarios".
La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, señaló que "se iniciaron los trabajos de cercamiento del terreno y la construcción de una zanja de una profundidad y ancho considerables, para evitar que se produzca una nueva toma, sin perjuicio de las rondas de seguridad ciudadana y policiales que se están realizando en el sector para detener a cualquier persona que lo intentara".
Además, advirtió que "si vuelven a tomar el terreno, los ocupantes cometerían el delito de usurpación flagrante, lo que permite el desalojo inmediato con la fuerza pública".
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, informó que el municipio preparó un albergue para los desalojados de la toma, pero que hasta ayer nadie ha pernoctado allí.
Conversaciones para venta
La abogada Bruna indicó también que junto con la recuperación de los terrenos y, atendido el mandato que tiene de los propietarios para vender el terreno, "ya estamos en conversaciones con interesados de manera de proceder en lo inmediato al traspaso, sin perjuicio de mantener las conversaciones con la alcaldesa Corti, quien se ha manifestado proactivamente interesada en realizar algún tipo de servicio público en el sector".
El terreno cuenta con una superficie aproximada de 13 hectáreas de extensión urbana y está emplazado en una zona de equipamiento intercomunal (EI), lo que habilita usos de suelo residencial, tales como hoteles y residencias. Además de usos de equipamiento como universidades, centros de datos, supermercados, recintos deportivos, culturales y servicios públicos. Asimismo, la normativa permite proyectos de infraestructura de transporte, como terminales de buses, y áreas verdes destinadas a parques y plazas.
VIVIENDAS
140 fueron las viviendas demolidas el martes, la mayoría de ellas de material ligero.