Senador: lea esto antes de levantar la mano

Hoy, ahora, a las 11 de la mañana, el Senado estará votando la ley que habilitará a los médicos a matar personas sufrientes que así lo pidan, dada en llamar "de muerte digna". En la misma semana que se abre una esperanza de vida en Medio Oriente, en nuestro pequeño país se legaliza el suicidio.

Hay que reconocer y aplaudir la honestidad intelectual del senador frenteamplista Daniel Borbonet, médico de profesión, al reconocer explícitamente que "si hubiera estado yo desde el inicio, creo que hubiera hecho cambios en el texto". Admite que comparte "algunos de los puntos que se plantearon" en la avalancha de objeciones manifestadas por organizaciones de la sociedad civil y más de mil profesionales de la salud. Pero en lugar de disponerse a introducir los cambios en el texto legal, informó que "se va a presentar una minuta de recomendación al Poder Ejecutivo y al MSP, para que en la reglamentación se incorporen los aspectos que pueden mejorar este proyecto". En el mismo sentido se expresó el senador frenteamplista Aníbal Pereyra en la Comisión de Salud: "Queremos que cuando se reglamente la ley por parte del Poder Ejecutivo se tomen en cuenta todas las consideraciones que aquí se han hecho para que la reglamentación las contemple".

Es muy destacable que por fin se deje de menospreciar el rechazo a esta gravísima ley explicándolo como una chapucería de comesantos. Pero ambos legisladores incurren en un error conceptual: la reglamentación del Poder Ejecutivo no puede corregir la ley, debe limitarse a decretar su cumplimiento. Es algo que aprendimos en el liceo: un decreto está por debajo de una ley, por lo tanto no puede enmendarla. Entonces, si reconocen que la redacción de la norma es mala, ¿por qué no la corrigen? ¿Por qué ese apuro por aprobarla, cuando el MSP acaba de reglamentar la ley de cuidados paliativos hace unos días y advierte que su vigencia plena llevará dos años? Compare el lector: la eutanasia entrará a regir en forma inmediata y la obligación de ofrecer sedación paliativa al sufriente -cualquiera sea su condición social y económica- se diferirá por 24 meses.

El proyecto establece que se informe al paciente de "los cuidados paliativos disponibles". Para mucha gente, no lo estarán hasta dentro de dos años, pero la inyección letal será accesible enseguida. ¿A esto llaman igualdad ante la ley?

Recomiendo a las manos que se levantarán este mediodía en la cámara alta que no sean de yeso y se tomen unos minutos para mirar al menos un fragmento de un excelente documental titulado ¿Mejor muerta?, realizado en 2024 por la actriz discapacitada Lizz Carr (lo encontrarán en YouTube subtitulado). Allí explica cómo el primer año que rigió la eutanasia en Canadá hubo mil muertes por esa causa, pero apenas seis años después, la cifra había ascendido a 13.000.

¿Se multiplicó por 13 la cantidad de personas con "sufrimiento insoportable"? No, fue mucho más sencillo. En el minuto 35 del video se reproduce el mensaje grabado de una "línea telefónica de asistencia al solicitante de eutanasia", semejante a las que auxilian a los suicidas, pero con objetivo diametralmente opuesto. Y enseguida la actriz entrevista a un hombre joven discapacitado, Amir Farsoud, quien cuenta su historia: "El subsidio que recibía por mi discapacidad no me alcanzaba para pagar el alquiler. Perdí mi vivienda y en ese momento decidí que no quería vivir a la intemperie. Los inviernos acá son duros, con seis a siete meses de temperaturas bajo cero. Hay gente que trata de calentarse con fuegos improvisados y termina quemándose hasta morir. Mis alternativas eran encontrar un techo, suicidarme o que me practicaran la eutanasia. No tenía otra opción. Le expliqué al médico que, aunque reunía los requisitos legales para ser eutanasiado por mi discapacidad, se lo pedía por mi situación socioeconómica en ese momento". Dos "profesionales de la salud" dieron luz verde a la decisión de Amir y la eutanasia le sería realizada en 90 días (mientras los homeless pueden demorar décadas en recibir una solución habitacional del Estado). "Esperé esos 90 días como el condenado que está aguardando su hora. Pero como una periodista de Toronto me hizo una entrevista por televisión y le conté mi historia, la sociedad civil inició una recaudación de fondos y en cuatro días me otorgaron el dinero suficiente para pagar mis deudas y volver a alquilar. Si no hubiera sido por ese programa de TV, yo habría muerto a fines de noviembre del año pasado. Estoy pensando en levantar una copa con mis amigos cuando se cumpla un año de esta sobrevida".

Tal como está escrita, la ley incluye la condición de salud irreversible como requisito para la eutanasia: la discapacidad lo es, al igual que la ancianidad. Y ni hablemos de la salud mental que deviene de situaciones de vulneración social. ¡Pero desde el principio se negaron a incluir a un psiquiatra en la evaluación del paciente!

¿En serio van a levantar la mano hoy al mediodía para aprobar esta porquería?