Constituyente para la dictadura

Desde las primeras líneas del texto de convocatoria a la asamblea nacional constituyente se desnuda su propósito real: aniquilar el equilibrio de poderes y demoler el Estado social de derecho. El documento sostiene que "los sistemas presidenciales enfrentan con frecuencia escenarios de parálisis y estancamiento" y que el "bloqueo institucional que practica actualmente el Congreso colombiano implica soluciones sin rupturas institucionales". La conclusión es tan cínica como transparente: se propone una constituyente para que "una misma mayoría controle el Ejecutivo y el Congreso". Semejante despropósito es una manipulación grotesca de la doctrina constitucional. El jurista más citado es Roberto Gargarella, quien, indignado por el uso fraudulento de sus ideas, tuvo que salir a desmentir públicamente al Gobierno: "Petro usa lo que escribo para avalar lo que rechazo". El texto lo presenta, de manera absurda, como defensor del presidencialismo latinoamericano, cuando en realidad ha sido uno de sus más severos críticos. A esa manipulación se suma la cita tergiversada de Giovanni Sartori, a quien el documento usa como supuesto respaldo de la idea de que el Ejecutivo debe controlar al Legislativo. Nada más opuesto a su pensamiento: Sartori defendió toda su vida el principio de frenos y contrapesos como esencia del constitucionalismo moderno. Pero el proyecto no solo se apoya en una mala lectura jurídica, sino también en una mentira estructural. Su tesis central es que un supuesto "bloqueo institucional" ha impedido tramitar cuatro grandes reformas sociales. Falso. En materia laboral, ya fue aprobada la reforma para la protección de los trabajadores; en seguridad social, el Congreso aprobó la reforma pensional; en el sector agrario se creó la jurisdicción agraria para proteger al campesinado y la producción de alimentos; y en cuanto a la autonomía indígena, no existe proyecto negado, y su reconocimiento ya está en la Constitución. Ninguno de estos temas requiere una reforma constitucional. Usarlos como excusa para reescribir la carta es un acto de manipulación política deliberada. Detrás de este ardid se esconde un objetivo evidente: instaurar un régimen donde el Ejecutivo controle las tres ramas del poder público. Un modelo calcado de los regímenes autoritarios de izquierda en América Latina. La creación de circunscripciones especiales para regalar curules a los aliados del petrismo; la elección popular de jueces, como en México bajo Claudia Sheinbaum, que ha llevado a la politización absoluta de la justicia; la unificación de las elecciones presidenciales y legislativas para comprar mayorías con recursos públicos; y la reelección presidencial, el sello final de toda autocracia. Este no es un proyecto constituyente: es el manual de una dictadura en construcción. El trámite antes de las elecciones es prácticamente imposible, y eso hace parte del plan. El Gobierno busca provocar una crisis institucional que le permita suspender los comicios legislativos y, con ello, aplazar los presidenciales, bajo el argumento de que el nuevo mandatario debe posesionarse ante un nuevo Congreso. La jugada es redonda: si el proyecto se aprueba, suspenderán el Congreso y lo reemplazarán por un "congresito", como en 1991; si se hunde, incendiarán el país, apoyados por los grupos armados, en el año más violento que ha vivido Colombia en décadas. Hace cuarenta años se tomaron el Palacio de Justicia, hoy pretenden tomarse todo el país. El libreto tenía que venir firmado por Montealegre, quien convirtió la justicia en espectáculo. Al final, pertenece a esa vieja literatura de ministros bufones, dispuestos a torcer la ley para complacer al poder, olvidando que -como advirtió Albert Camus- quienes justifican todo en nombre de la revolución terminan construyendo la tiranía que decían combatir.
Lo que esconde el ardid
Luis Felipe Henao