Reformar, sí; improvisar, no

El debate sobre la educación superior pública en Colombia se ha centrado en la necesidad de más recursos. Pero el verdadero desafío no está solo en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte. Pensar en educación superior implica reconocer que se trata de un sistema con responsabilidades compartidas entre el Estado, las instituciones, los territorios y la sociedad. El Proyecto de Ley 212 de 2024, Senado, que avanza en el Congreso, busca actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Su propósito es modernizar el modelo de financiación, introducir indicadores y fortalecer la rendición de cuentas. Son avances necesarios, pero el texto aprobado en segundo debate mantiene una inercia preocupante: la mayoría de los recursos, incluso los asociados al cumplimiento de metas, se incorporan a la base presupuestal sin posibilidad de ajuste si los resultados no se sostienen. Si una institución mejora sus cifras de cobertura o deserción un año, pero retrocede al siguiente, los recursos adicionales no pueden retirarse porque ya hacen parte de su presupuesto fijo. Así se diluye el incentivo a la mejora continua. La solución no es castigar, sino crear fondos variables sujetos a evaluación anual, que reconozcan logros y permitan reasignación cuando las metas no se cumplan. Como en Chile con los convenios de desempeño, una fracción del financiamiento puede alinearse con resultados verificables y promover una cultura de mejora. Estos fondos deberían financiar proyectos de calidad, innovación docente y bienestar, además de fortalecer sedes regionales y trayectorias rurales, donde el impacto social es mayor. Entre 2019 y 2026, los aportes nacionales a las instituciones públicas habrán crecido 72 % reales, con una tasa anual promedio de 7,1 %. Sin embargo, el déficit estructural persiste. El problema no es solo de monto, sino de gestión: el aumento del presupuesto no ha estado acompañado de mejoras en eficiencia del gasto, planeación de sedes o revisión de costos laborales. Otro riesgo es permitir que las universidades creen nuevas sedes con recursos permanentes sin estudios de pertinencia ni coordinación territorial. Esto puede duplicar esfuerzos o generar competencia ineficiente. La expansión debe basarse en planeación y estándares mínimos: infraestructura, bienestar, laboratorios, conectividad y docentes cualificados. Sin estas condiciones, una buena intención puede convertirse en gasto corriente sin impacto real. También preocupa la falta de revisión del régimen salarial docente (Decreto 1279 de 2002). Aunque su reforma no sea objeto directo de esta ley, cualquier discusión sobre financiación pública debe considerar su impacto. Un régimen concebido para reconocer mérito ha derivado en presiones crecientes sobre los presupuestos y en inequidades entre áreas y tipos de universidad. Financiar sus efectos sin modificar sus causas perpetúa un esquema costoso y poco estimulante, desconectado del esfuerzo académico real. Más allá de los tecnicismos, lo esencial es usar cada peso público con propósito, impacto y rendición de cuentas. Fortalecer la educación superior pública requiere una mirada de sistema que equilibre oferta y demanda y garantice sostenibilidad. En este marco, es necesario revisar la estructura del presupuesto del sector: el país enfrenta una crisis de recursos para apoyar a los estudiantes en crédito educativo y acompañamiento. Solo articulando la financiación institucional con la sostenibilidad del acceso y la permanencia podrá esta reforma ampliar oportunidades sin comprometer calidad ni equilibrio fiscal. El Congreso debe asegurar que la reforma se base en sustento técnico, se construya con rigor y tenga visión de largo plazo. Colombia necesita una ley que combine solidez técnica, sostenibilidad fiscal y compromiso social. Solo así esta reforma será una inversión real en el futuro y no otro ciclo de promesas imposibles de cumplir. * Exministra de Educación - Exsecretaria de Educación de Bogotá
Un llamado al Congreso
María Victoria Angulo*
Fortalecer la educación superior pública requiere una mirada de sistema que equilibre oferta y demanda y garantice sostenibilidad. En este marco, es necesario revisar la estructura del presupuesto del sector.