Tendrán abogado sin costo, cerca de sus casas y se fiscalizará atención: qué ofrece la nueva defensoría a las víctimas de delitos

Desde el podio, al interior del Palacio de la Moneda, Margarita González recuerda que hace 17 años le cambió la vida. En 2008, relata, "a mi niño Alejandro (Martínez) le quitaron la vida, se la quitaron bruscamente de 12 puñaladas, de las cuales, cuatro fueron mortales. Los jóvenes que le hicieron esto ni siquiera conocían a mi niño, ellos andaban drogados".
Al doloroso momento familiar, se sumó la frustración de no encontrar ayuda ni orientación jurídica. "Lo más sorprendente es que las víctimas no tienen abogados. Pero los delincuentes sí tienen abogados. En el caso de mi niño, fueron cinco personas, por lo tanto, cada uno tenía un abogado defensor de la Defensoría Penal Pública", lamentó. Y añadió, "el fiscal trabaja para el Ministerio Público y te lo dan a conocer de esa manera", respecto de lo que fue enfrentarse al proceso penal en completo desconocimiento de su funcionamiento.
Margarita contó ayer su historia durante la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Su caso y la búsqueda incesante por justicia y ayuda inspiraron el proyecto. Así, explican desde el Ministerio de Justicia, "se orientará e informará sobre el estado de sus causas, ejerciendo su representación y querella ante los tribunales de justicia y el Ministerio Público, de ser necesario".
Especialización en diversas áreas
La nueva institucionalidad ofrecerá a las personas asistencia jurídica especializada, en cuanto a grupos como infancia y adolescencia, adultos mayores, defensa laboral o de derechos humanos, entre otros. Asimismo, ofrecerá mediación familiar obligatoria. Además, se contemplan mecanismos de control en la atención de las personas.
Servicios y programas "unificados"
También, el proyecto contempla la unificación de las corporaciones de Asistencia Judicial; el Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Sistema de Mediación Familiar Licitada de la Subsecretaría de Justicia. Con ello se brindará acceso gratuito a atención jurídica y psicosocial para las víctimas de delitos, dicen en la cartera.
Francisca Werth, ex directora ejecutiva del Ministerio Público, cree que "unificar y coordinar en una institución servicios y programas dispersos, debería tener una orientación hacia el usuario y facilitar el acceso a la justicia". Con ello, "puede haber una oportunidad para una mejor participación de las víctimas de delitos en el proceso penal". Aunque le preocupa que ocurra "lo mismo que pasa con todas estas reformas en que se traspasan trabajadores y funcionarios de un servicio a otro, lo que no garantiza el cambio cultural o de las personas especializadas que se necesitan".
Sobre la implementación del servicio, Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, piensa que "el nuevo servicio representa una oportunidad estratégica, apuntando a profesionalizar la defensa de víctimas, elevar los estándares de calidad de la asistencia jurídica pública y consolidar un modelo de justicia más cercano y eficiente". Sin embargo, añade que "pone a prueba la capacidad del Estado para convertir una buena ley en una política pública sostenible, con gobernanza, evaluación continua y gestión a la altura de su misión". Y también advierte, "en caso de no cumplirse, profundizará la desconfianza de la ciudadanía, lo que sería un fracaso para el fin por el cual fue creado".
Presencia comunal
Su puesta en marcha será escalonada, en tramos de 18 a 48 meses, en tres tramos de regiones del país, siendo las más próximas a entrar en operatividad aquellas de la zona norte, desde Arica a Valparaíso, en un año y medio desde la promulgación. Así, el nuevo servicio contará con 16 direcciones regionales y centros de atención comunales individuales o agrupadas donde existan tribunales de justicia. Sobre este mecanismo, Francisca Werth establece, que "el proceso de implementación sea por etapas me parece sensato".
Respecto de esta etapa, Alcorta visualiza que, "al igual que muchas reformas, su éxito dependerá de cómo se gestione su implementación. La transición, que contempla el traspaso de más de cuatro organismos en funcionamiento y una puesta en marcha, exige capacidad de coordinación, liderazgo técnico-político y control de gestión activo para evitar discontinuidades en la atención a usuarios o problemas futuros".
PlazosEn los próximos 18 meses, la nueva institucionalidad debería comenzar a operar como primera etapa en la zona norte del país.
''Lo más sorprendente es que las víctimas no tienen abogados. Pero los delincuentes sí tienen abogados. En el caso de (los victimarios de) mi niño, fueron cinco".
MARGARITA GONZÁLEZ VÍCTIMA QUE INSPIRÓ LA LEY