La jueza Marcela Vargas sostuvo que con el exsenador suceden cosas que "no pasan con ningún imputado" y contó que este que se acercó a un testigo durante una audiencia y lo "intimidó" con su saludo".
La Justicia envió un oficio al Ministerio del Interior para pedir que la custodia del exsenador Gustavo Penadésse cumpla en forma estricta y la cartera dispuso una investigación administrativa al respecto, según supo El País.
Esto ocurrió luego que el Tribunal de Apelaciones mandatara a la jueza del caso, Marcela Vargas, a hacer una comunicación al respecto basada en algo que ella misma relató en la última audiencia judicial.
En esa oportunidad, la jueza afirmó que dada la flexibilidad de la custodia del exlegislador, este se acercó a un testigo y lo "intimidó" con su saludo. Penadés negó haber querido amedrentarlo, pero Vargas insistió en que pudo ver esta situación con sus propios ojos.
Además, Vargas destacó que hay cosas que pasan con el imputado que "no pasa en ningún otro caso", como el hecho de que él mismo le proporcione comida a los policías que lo custodian para que puedan sobrellevar las varias horas de audiencias que implica el caso. También se acerca a saludar a la jueza, cuando -dijo Vargas- otros imputados no pueden hacerlo.
Si bien agradeció en su momento el gesto de "educación", recordó que una vez un imputado se quiso acercar a ella y la custodia lo removió con vehemencia. Esto nunca pasó con el exlegislador. "Todos los que estamos en el ámbito penal sabemos como funciona esto", replicó Vargas ante el cuestionamiento de los abogados.
Frente a esa situación, fue que el Tribunal de Apelaciones -que confirmó la medida de Vargas de mantenerlo a él y a Sebastián Mauvezín en prisión preventiva- le pidió a Vargas que comunique al Ministerio del Interior que la custodia del exsenador debe ser estricta. Así surge de la sentencia a la que accedió El País.
Los ministros, por unanimidad, entendieron que el acercamiento de Penadés al expolicía Federico Rodríguez, condenado por la trama de corrupción y ahora testigo en el caso, "se trató de un factor intimidatorio".
A su vez, consideraron: "Un imputado no puede ni debe proporcionar ninguna clase de alimentos a los policías a cargo de brindar seguridad. Dado que tanto el acercamiento al testigo, como el suministro de alimentos por parte del imputado, podrían configurar una eventual vulneración al protocolo de actuación por parte de la autoridad administrativa, la Sra. Juez de garantías deberá poner esto en inmediato conocimiento del Ministerio del Interior, a los efectos que pudieran corresponder".
La sentencia del Tribunal de Apelaciones se emitió a mediados de octubre y la jueza hizo el reporte a la cartera antes de terminar noviembre. En esa línea, reconstruyó El País, pidió cumplir el protocolo policial en forma rigurosa.
A partir de lo ocurrido, el Ministerio del Interior dispuso una investigación administrativa para determinar si hubo fallas en la custodia.
La sentencia
El fallo del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de Vargas de mantener a Penadés y a Mauvezín en prisión preventiva. Los ministros Luis Charles, Adriana de los Santos y Gabriela Merialdo afirmaron que la causa se desarrolló "sin el más mínimo apartamiento" de las garantías, "honrándose, como no podría ser de otra manera, al Estado de Derecho".
Además, se refirieron a dichos de la defensa del exlegislador, que es llevada adelante por Laura Robatto y Homero Guerrero. Por un lado, les dieron la razón en que no puede argumentarse que Penadés amedrentaba al testigo porque tosía durante la declaración, teniendo en cuenta que estaba enfermo.
No obstante, también criticaron que estos hayan dicho que si él "tuviera poder, esto no estaría pasando hoy", refiriéndose a la causa. En ese sentido, el tribunal dijo que esa frase, más que beneficiarlo, lo perjudica. "De ser cierta la afirmación, lo que no se comparte, bastaría que por alguna circunstancia el imputado recuperara el poder que la defensa dice que no tiene para así eludir eventuales responsabilidades penales", expusieron.
El caso
La fiscal Isabel Ithurralde acusó al exsenador Penadés por 22 delitos -la mayoría de índole sexual y el resto de corrupción- contra 13 víctimas. Pidió que sea condenado a 16 años de prisión.
Ahora está corriendo el plazo de la defensa para contestar la demanda. Esa es su oportunidad de proponer la prueba que quiera presentar en el juicio y ofrecer su teoría sobre lo ocurrido.
Lo mismo sucede en el caso de Mauvezín, que fue acusado de delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. Para él, Ithurralde pidió una pena de seis años de prisión.
Una vez que las defensas presenten sus teorías, la jueza del caso deberá citar a una audiencia intermedia llamada "de control de acusación". Allí todas las partes debaten prueba por prueba si estas son pertinentes y legales. La jueza deberá decidir una por una si permite que ingresen al juicio o no. Esas decisiones son apelables y quien tiene la palabra final es, entonces, un Tribunal de Apelaciones.
Habitualmente, estas audiencias duran una o dos sesiones. Pero en megacausas como Operación Océano han llevado meses y en el caso Ursec más de un año.
En la causaPenadés, es probable que si todo ocurre como está planeado, las audiencias de control de acusación puedan comenzar antes de fin de año.
Una vez que esa instancia se concrete y culmine -se estima que esto será en los primeros meses de 2026- se deberá determinar qué juez llevará adelante el juicio. Será alguien distinto de Marcela Vargas, puesto que debe ser un juez que no haya tenido contacto con la causa. Se elige por sorteo entre los jueces penales de Montevideo.
El País, Uruguay
9 de noviembre de 2025
