Una señal rápida e inequívoca
Las declaraciones de las autoridades fueron fuertes y altisonantes, pero poco claras respecto a una solución eficaz y definitiva a un asunto que se ha convertido en una abominable costumbre.
Las crónicas periodísticas abundaron en detalles. Contaron cómo fue el ataque de una madre, acompañada de una barra de adolescentes, a la escuela 123 de Jardines del Hipódromo, la forma en que golpeó a la maestra, el ataque a otros niños y también a padres que reaccionaron ante la agresión.
Tampoco faltaron detalles sobre las reacciones posteriores: el paro decretado por el sindicato de maestros y declaraciones de autoridades de la Anep, de dirigentes sindicales, de la subsecretaria del Interior.
Hubo unanimidad respecto a la gravedad de lo sucedido y se lo consideró la agresión más grave a una maestra, de las cinco que hubo en lo que va del año. El presidente de la Anep, Pablo Caggiani, dijo que "no es admisible entrar a golpear a nadie en ninguna institución educativa, menos a los niños, a los docentes, a los auxiliares". Para el sindicato, este hecho marcó "un punto de inflexión", "un antes y un después".
No queda claro, es verdad, la utilidad de decretar un paro (que se prolongó hasta inicios de esta semana) como reacción a la agresión. No tendrá efecto sobre otras madres que en el futuro se les ocurra atacar maestras. Y para los escolares que están muy cerca de culminar sus cursos, un paro es como anticipar las vacaciones de verano. Es una fiesta para ellos, no una protesta.
Las declaraciones de diferentes autoridades fueron fuertes y altisonantes, pero poco claras respecto a una solución eficaz y definitiva a un asunto que se ha convertido en una abominable costumbre.
La subsecretaria de Interior dijo que lo sucedido era "inadmisible" y que iba a "reforzar con policías, pero también con programas sociales". Esta última expresión (programas sociales) abarca tanta cosa que es como si no hubiera dicho nada, un mero lugar común.
Se habló de establecer una "mesa de trabajo" para "mejorar la seguridad y la convivencia en el territorio". Poco faltó para decir que había que crear un grupo multidisciplinario para abordar el problema desde una mirada integral que incluyera a los diferentes actores sociales y atacara las causas de fondo que están detrás de la problemática. Es decir, palabras huecas que, para mucha gente, ya no quieren decir nada.
Sin embargo, hubo cosas que las crónicas no dijeron y eso pudo deberse a dos motivos. O bien los medios no se enteraron si sucedió lo que era de esperar, o bien lisa y llanamente no sucedió.
Lo cierto es que en las crónicas publicadas nada se dice sobre si un patrullero llegó hasta la casa de la madre que lideró el ataque a la escuela y agredió a la maestra y se la llevó arrestada.
No hay mención a eso, y todo indica que es porque no sucedió.
Tampoco cuentan las crónicas si un juez le aplicó la máxima pena prevista, ni que lo hizo en forma contundente y eficaz. Quizás porque tampoco sucedió.
Algo se dijo sobre que la fiscalía iba a estudiar los videos antes de tomar una decisión. Si es así, sería de suponer que ya los vio, que no había mucho para discutir y que tomó una determinación rápida y terminante.
Como sea, las crónicas tampoco dieron cuenta de eso.
Hay quienes entienden que ante la gravedad del hecho, el "sistema político" debería ponerse en estado de alerta y encarar soluciones radicales.
Lo cual es verdad. Pero aún antes que el sistema político, es el sistema judicial quien debe dar una señal inmediata e inequívoca.
Estos son casos en que tanto la Fiscalía como el juez no pueden, ni deben, arrastrar los pies. Urge una definición expeditiva y un mensaje firme. La orden de detención de quien lanzó el ataque debe ser inmediata y su ejecución debe ser bien visible. Todo el barrio debe ver como se procede. La Fiscalía debe armar su caso sin demoras y una vez presentado ante el juez, este debe proceder con rapidez, de forma tal que el mensaje a enviar a la sociedad no de lugar a dos interpretaciones.
Que el procedimiento judicial sea rápido y acelerado no quiere decir que hay que caer en un juicio abreviado. Quiere decir que no hay que perder tiempo ni entreverarse en vueltas burocráticas. La Justicia tiene que mostrar que su actuación es prioritaria para cortar de raíz y en forma definitiva esta moda de andar atacando maestras.
Y cuando finalmente se dicta la sentencia y la agresora marcha presa, importa que todo Uruguay se entere. Que a viva voz se trasmita cual es la pena (que ha de ser severa) para que quede bien claro que en este país, una maestra jamás puede ser golpeada y una escuela nunca puede ser atacada.