El Comercio, Perú
16 de noviembre de 2025
Un mes es muy poco para esgrimir resultados sobre la inseguridad. Pero es suficiente para mostrar voluntad. Y para ver los escollos que frenan las ganas presidenciales.
Por FERNANDO VIVASPeriodista
En una de sus fugaces apariciones nocturnas ?si pestañeas te lo pierdes?, José Jerí fue pillado por la prensa. Intentó explicar que el número de extorsiones y homicidios seguirá elevado hasta un punto que ya no pudo explicar con palabras. Con una mano en alto graficó lo que parecía ser una meseta y la otra mano la dejó caer. Un presidente puede explicar que un indicador económico sigue creciendo en términos absolutos pero desacelera su ritmo de crecimiento; pero con el crimen no valen esas sutilezas. O sube o baja. En el careo con la prensa tras la asamblea regional en Huánuco, tuvo que franquearse: ?No puedo ofrecer lo que no sé si puedo cumplir?. También dijo: ?Voy a hacer una gira nacional [?] la inseguridad es el problema más importante pero no el único?. (Según mis fuentes, la gira consistirá en viajar durante tres meses, los miércoles y sábados, a todas las regiones).
Jerí envió dos mensajes. El primero es que no prometerá imposibles y el segundo es que los ministros deben arreglárselas para mantener vivo el tema de la inseguridad mientras él se concentra en su gira. Aparte estadístico. Según una comparación hecha por la consultora GPS con cifras del Sidpol (Sistema de Denuncias Policiales), en 21 días del estado de emergencia (del 22 de octubre al 11 de noviembre) se cometieron 101 homicidios en el ámbito nacional. Los 21 días previos se cometieron 118. O sea, en ese rango de comparación, sí se aprecia una ligera disminución, pero falta esperar más tiempo para verificar si hay una tendencia. Respecto a las extorsiones, hay que considerar que este año estamos en una trágica escalada respecto al año pasado. De enero al 31 de octubre del 2025, las denuncias por extorsión han subido 27% en el ámbito nacional respecto al mismo período del 2024. En Lima han subido alrededor del 50%. GPS ha contabilizado 562 denuncias de extorsión durante los 10 primeros días del estado de emergencia, del 22 al 31 de octubre último. En el mismo lapso del 2024, hubo 528. No bajan.
?El paquete?
Le escribí al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para preguntarle por las novedades de la estrategia de seguridad. Me derivó con la abogada Silvia de la Cruz, cabeza de la DGCO (Dirección General contra el Crimen Organizado). La visité y tenía en sus manos el paquete esencial de medidas legislativas que, desde su área, presentará el gobierno muy pronto en su pedido de facultades al Congreso. ?La minería ilegal es lo que más nos importa. Tenemos una propuesta para penalizar toda la cadena de valor, desde quién obtiene los insumos, como los explosivos, hasta quién compra el mineral?, me dijo. El enfoque normativo vigente es obsoleto y naif. El ?lavado del oro ilegal? en el Perú se hace en nuestras narices.
La propuesta legislativa plantea la inclusión de la minería ilegal como uno de los delitos comprendidos en la Ley 30077 de Crimen Organizado, que había sido excluida por la Ley 32108 de la lista de delitos comprendidos en dicho marco penal. Por ese y otros detalles, la 32108 es estigmatizada como una de la leyes ?pro crimen?. Una fuente del Ejecutivo me contó que el gobierno quiere corregir algunas de esas leyes en su paquete de facultades, ?pero no lo va a decir?. La narrativa de que el Congreso legisló favoreciendo al crimen choca con el pasado de Jerí (votó a favor de la mayoría de ellas) y con el respaldo parlamentario del que goza.
Dina fue vacada por no mostrar empatía con los extorsionados. Jerí ha usado los operativos en las cárceles, con requisa de celulares desde donde se presume se hacen amenazas, para marcar la extorsión como la prioridad dentro de la prioridad. Le pregunté a Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública y autor de ?Extorsión: el negocio del miedo?, como evalúa este mes de Jerí. ?Los mismos resultados pero con un actor comprometido?, me dijo.
El drama de los transportistas, el gremio con más capacidad de presión, empujó a otra medida concreta, más llamativa aún: la creación de la Divise (División de Investigación de Extorsiones) a cargo del crnel. Víctor Revoredo, que fue amenazado por las mafias trujillanas. He ahí la búsqueda de un personaje con una épica anticrimen; pero, a la vez, la improvisada creación de una división sin que se nos explique ni haga el balance de qué ha logrado Grecco (Grupo Especial contra el Crimen Organizado), creado en el 2023.
Silvia de la Cruz me hace ver que tenemos un gran desfase legislativo ante el delito ?estelar?. Entre las propuestas de la DGCO está la tipificación como delito de la ?solicitud extorsiva?. Desde el primer mensaje extorsivo la maquinaria policial y judicial podría entrar a tallar sin esperar la consumación del delito. Dejemos de escandalizarnos tanto por las ?leyes pro crimen? y escandalicémonos más por lo que aún no se ha legislado.
El Congreso no tiene la misma prioridad de Jerí, he ahí su gran escollo. El presidente aún no ha establecido fecha para presentar su paquete legislativo. El Ministerio de Justicia hará la criba de las normas propuestas por distintos sectores (además del Mininter y del propio Minjus, la Sunat, el Mindef, el MEF, la UIF, entre otros); y habrá, no lo duden, una negociación silenciosa con el Congreso. El lobby de la minería informal y la ilegal está muy activo mientras él se distrae en su gira nacional.