La investigación del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho señaló, en base al análisis de los homicidios entre 2013 y 2024, que existen otros factores que inciden.
Una profunda investigación académica del director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho (Udelar), Luis Eduardo Morás, en base al análisis estadístico de los homicidios ocurridos en Uruguay entre 2013 y 2024, cuestiona que sea el "crimen organizado" la explicación del incremento de asesinatos que registra el país en los últimos años. Considera que esta simplificación de las causas, una suerte de atajo al que apelan casi que automáticamente los medios de comunicación, actores políticos y operadores judiciales, limita un análisis más profundo del contexto en el que se origina y reproduce la violencia letal, y excluye al Estado de su responsabilidad frente a la marginación y desigualdad, a la vez que limita las soluciones que debe ofrecer el sistema político.
El trabajo titulado "Análisis socio jurídico crítico de la categoría crimen organizado como factor determinante de los homicidios en Uruguay" publicado en la última edición de la Revista de Derecho Penal, sostiene que "la posibilidad de interpretar correctamente la multiplicidad y complejidad de los factores sociales, económicos y culturales intervinientes en la génesis y reproducción de la violencia criminal, se ve reducida cuando se focaliza exclusivamente en la centralidad de un crimen organizado fetichizado; categoría difusamente definida que no cuenta con posibilidades de operacionalizar evidencia empírica sobre su contorno y efectos y que desconoce el impacto del contexto territorial donde tienen lugar las manifestaciones más graves de la violencia".
En tan solo 15 años los homicidios en Montevideo se dispararon. En 2009 la tasa de asesinatos en la capital fue de 6,7 cada 100 habitantes, mientras que en 2024 fue de 16,8. Se trata de una cifra alta para la región que sin embargo contrasta con indicadores que posicionan muy bien al país como el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano. La investigación de Morás cruza las cifras de homicidios con la realidad socioeconómica de los barrios montevideanos y compara lo que ocurre en la periferia y la costa de la capital.
Tomando el promedio de 2022-2023, las seccionales de la periferia más deprimida socioeconómicamente registran entre 32,5 y 37,3 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que en las seccionales de Pocitos, Punta Carretas y Buceo no llegan a dos homicidios cada 100.000 habitantes. Esta desigualdad en materia de violencia también se aprecia en otros aspectos, por ejemplo, la pobreza infantil de 0 a 4 años es 39% en la periferia y 2% en la costa, las personas con ciclo básico incompleto 37% frente a 3%, y el desempleo en menores de 25 años 34% frente a 19%.
Morás afirma que la violencia letal no está "dispersa" por Montevideo sino que se concentra en zonas atravesadas por pobreza persistente, bajo nivel educativo, precariedad laboral e informalidad. Mientras que el crimen organizado, cuya existencia la investigación no desconoce y está vinculada a lavado de activos y los circuitos de acopio y exportación de drogas, necesitan discreción, contactos y grandes recursos que no se condicen con la violencia descontrolada de la periferia urbana.
Ajuste de cuentas
Uno de los indicadores más usados para asociar homicidios a "crimen organizado" es la categoría "ajustes de cuentas/conflictos entre grupos criminales" manejada por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
Sobre el total de homicidios registrados en Montevideo entre 2013 y 2024, el 48,9% se clasifica dentro de ese rubro. Si se excluyen los casos en que no se pudo determinar el motivo, el porcentaje sube al 55,9.
En la seccional 10ª, que cubre Pocitos y Punta Carretas, no se registró ningún homicidio "por ajuste de cuentas" en 12 años.
En la seccional 24ª, que incluye Cerro, Cerro Norte y Casabó, el 64,4% de los homicidios con motivo conocido se clasifica como ajustes de cuentas o conflictos entre grupos criminales.
El "presunto" crimen organizado es una realidad de los territorios más pobres y prácticamente no existe en las zonas de mayores ingresos. En Montevideo se aclara en el entorno del 47% de los homicidios, mientras que en 2006 se lograban resultados en el 76% de los hechos.
"El nivel de aclaración presenta grandes asimetrías si consideramos el área geográfica y los motivos precipitantes de los homicidios", indica el trabajo. En los últimos años la seccional 24ª logra esclarecer menos de uno de cada dos casos mientras que en la seccional 10ª se aclararon todos los homicidios excepto uno ocurrido en el año 2015.
"En el universo específico del ajuste de cuenta y los conflictos entre criminales como la aparente causa precipitante de las muertes, se aprecia un descenso aún más pronunciado en la proporción de hechos aclarados, ya que en varias seccionales de la capital quedan impunes 3 de cada 4 de los homicidios perpetrados por esas motivaciones", sostiene Morás.
"En los casos de víctimas que contaban con antecedentes cuyos homicidios además fueron caratulados como ajustes de cuentas, el nivel de aclaración para el total de la capital es de un 31.1% y en la jurisdicción de la seccional 24ª alcanzó a una proporción de 32.6% de los hechos registrados, cifras que ilustran la elevada impunidad que cuentan algunas situaciones de extrema violencia que se producen en territorios marcados por procesos prolongados de profunda exclusión", afirma la investigación. "Una vez concretado el ajuste de cuenta, las probabilidades de encontrar justicia por parte de los familiares y amigos del difunto se reducen considerablemente, alimentando esta debilidad institucional de los poderes públicos, un nuevo ciclo con renovadas deudas que ajustar en el ámbito privado, informal y violento", asegura Morás.
En el total de Montevideo, el 44% de las víctimas de homicidio entre 2013 y 2024 tenía algún tipo de antecedente (violento, no violento o por estupefacientes). Pero mientras en el ámbito de la seccional 10ª solo el 15% de las víctimas tenía antecedentes, en la seccional 24ª la proporción asciende al 42%. Morás entiende que hay un circuito violento que se explica por la exclusión, trayectorias delictivas y falta de rehabilitación.
El nivel educativo entre los enjuiciados
Un análisis sobre 114 carpetas archivadas en 2024 por los Juzgados Penales de 1º y 2º turno especializados en Crimen Organizado, que involucraron a un total de 219 personas encausadas, revela que apenas un tercio de ellas cursó educación primaria (completa o incompleta). Otro tercio inició el primer ciclo de secundaria, pero no lo completó. Apenas un 17,6% terminó la educación obligatoria, y solo un 2,9% culminó el segundo ciclo de secundaria. La educación terciaria completa aparece en apenas el 1,8% de los casos. En total, el 63% de las personas que llegaron a estos juzgados no completó la educación secundaria básica. A esto se suma que al menos el 40% presenta condiciones de "precariedad existencial" o vulnerabilidad, según informes de OSLA, Dinasla e INR: desempleo, inserción laboral en actividades de alto riesgo (como la prostitución), vínculos con entornos delictivos o condiciones habitacionales y socioeconómicas críticas. Otro dato relevante: solo el 29% tenía antecedentes penales, lo que indica que la mayoría no había pasado antes por el sistema.
El estudio realizado por el Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Udelar, revisó expedientes, audios de audiencias y documentos del proceso penal entre mayo y agosto de 2025, para construir un retrato social, territorial y judicial de quienes enfrentan este tipo de causas.
El 43% de los delitos imputados en las carpetas correspondió a tráfico interno de armas y municiones, mientras que el 33% se vinculó a figuras previstas por la Ley de Estupefacientes. La defraudación tributaria representó el 10% de las imputaciones, la receptación el 7% y la asociación para delinquir otro 7%, dejando apenas un 17% para un conjunto disperso de delitos de baja frecuencia, desde rapiña y hurto agravado hasta violencia privada, abuso de funciones y trata de personas.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el aumento de la participación femenina respecto al sistema penal común. Mientras que tradicionalmente las mujeres representan entre el 11% y el 12% de las personas procesadas en el resto del sistema, en los juzgados especializados alcanzan el 18,3%.
El País, Uruguay
17 de noviembre de 2025
