Represalia por traslados y grupos que se atribuyen responsabilidad: las hipótesis tras un nuevo atentado al INR

La sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) volvió a sufrir un atentado en la madrugada de este domingo. Además de disparar contra la fachada, los delincuentes dejaron una carta con una amenaza.

El ataque ocurrió pasadas las 02:00 de la madrugada en la sede administrativa del INR, ubicada en la calle Cerro Largo, entre Andes y Florida. Según la información primaria a la que accedió El País, fueron dos las personas que llegaron en una moto. Una de ellas descendió y arremetió a disparos.

Además, antes de escapar, arrojaron una piedra, rompiendo un vidrio. Envuelta a ella se encontraba una carta que contenía un mensaje amenazante. "Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro", decía el papel.
El Ministerio del Interior informó que no se registraron personas lesionadas producto del atentado y que ya se dispusieron "las medidas de seguridad correspondientes". Desde la cartera explicaron que no se aclara cuáles son las medidas ni sobre quién están dispuestas porque "es parte de la estrategia de seguridad".

Se encuentran trabajando en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía, a través de la Dirección de Información e Inteligencia, con el apoyo de diferentes unidades.

Si bien se trata de un episodio reciente, los investigadores ya cuentan con algunas hipótesis que comienzan a tomar fuerza con el pasar de las horas.

Una de ellas, la principal hasta el momento, es que pudo haberse tratado de una respuesta por traslados de presos que se realizaron en las últimas semanas. Fuentes del ministerio dijeron a El País que recientemente hubo movimientos de líderes de grupos criminales dentro de prisión, principalmente en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). Esto se llevó adelante a pedido del área de Investigaciones tras obtener información de que estas personas se estaban comunicando con representantes de sus organizaciones en el exterior de la cárcel para seguir manejando el negocio.

Por otra parte, la segunda línea de investigación que maneja la Policía es que hay grupos criminales que cometen atentados e intentan que se atribuyan a una banda rival. Los informantes dijeron a El País que esto puede hacerse con el objetivo de que los investigadores pongan el foco y aumenten las investigaciones contra sus enemigos.

La Policía está realizando un rápido trabajo de Inteligencia para poder llegar a los autores materiales del atentado, así como también a los intelectuales que no descartan que se encuentren en prisión.

Consultados, los informantes dijeron que sería "algo distinto" al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. A pesar de no encontrar vinculación a nivel primario, están investigando la posibilidad de que se trate del mismo grupo agresor.

Antecedentes

El ataque contra la fachada del INR producido ayer no es el primero de estas características. El 4 de diciembre del año pasado se cometió un ataque similar contra la misma sede. En esa oportunidad, los delincuentes dejaron una carta dedicada al exdirector del INR, Luis Mendoza. "Mendoza, los presos se respetan", decía la misiva.

La investigación determinó que el atentado fue cometido como consecuencia del traslado de Luis Fernández Albín -líder de un clan con base en Cerro Norte- a la unidad de máxima seguridad.

Luego de haber cumplido con su condena, la Policía allanó su casa ubicada en el barrio privado Colinas de Carrasco. El propio Fernández Albín admitió haber tenido algún grado de responsabilidad en el ataque, por lo que fue condenado por ese delito y por un arma encontrada durante el allanamiento.

El apellido Fernández Albín resurgió en las últimas semanas luego del ataque contra la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el que dispararon contra su casa y arrojaron una granada.

Por este caso hay siete personas imputadas que tuvieron distinto grado de responsabilidad en el hecho. Si bien a algunos de ellos se les encontraron vínculos con ese grupo, no se consiguió vincular directamente a los hermanos Fernández Albín.

En un evento organizado por el Mercosur, la fiscal Angelita Romano se refirió al caso. "Sabemos que las personas que ordenaron y que idearon estas cosas no están en Uruguay", dijo.