La estrategia de crecer más rápido, empantanada

Desde el día que se supo que sería el ministro de economía del presidente Orsi, Gabriel Oddone no ha dejado de remarcar que su estrategia se sustenta en lograr que la economía supere el magro crecimiento de 1% anual de la última década.

El ministro sabe que cuanto mayor sea el crecimiento de la actividad económica, mejor le irá al empleo y a los salarios. Asimismo, y a su impulso, aumentarían las probabilidades de mover la aguja en disminuir la pobreza, pues en el pasado ha resultado la manera más eficaz de hacerlo, más allá de políticas específicas que colaboran, pero que también necesitan del crecimiento para obtener recursos vía mayor recaudación[i].

Esos mayores recursos serían importantes para solventar otras prioridades del país, como la educación y la seguridad públicas, en un necesario marco de sustentabilidad fiscal (reglas fiscales mediante).

Para lograrlo, se planteó como requisito que el país lograra incrementar su magro ratio de Inversión a PIB desde los valores recientes cercanos a 16%-17% hacia otros superiores en el entorno de 22%. Este requisito es razonable desde el punto de vista técnico, aunque implica y es bueno notarlo una meta exigente, pues la inversión se debería incrementar más de 30% con relación a los niveles actuales.

Nuestra evaluación preliminar sobre las dificultades de esta estrategia la esbozamos en nuestra columna de agosto, preocupados por algunos hechos negativos, derivados del conflicto en el sector pesquero. Ahora pretendemos agregar al análisis otros acontecimientos que no hacen más que incrementar esa preocupación.

En estos ocho meses el gobierno tomó decisiones controvertibles sobre contratos importantes que el Estado uruguayo había asumido en la administración pasada. En particular, me estoy refiriendo al relativo al agua potable y más recientemente el relativo a la adquisición de dos patrulleras oceánicas.

No voy a opinar aquí sobre la necesidad de las obras ni sobre la conveniencia de esas inversiones sino sobre algo que prácticamente ha pasado debajo del radar, quizás porque la puja política entre gobierno y oposición ha acaparado la atención mediática.

Me voy a referir al tema de la seguridad jurídica que hace al clima de negocios, uno de los requisitos básicos para que se cumplan los deseos del ministro y que, históricamente, prevaleció en cuanto al respeto de los contratos del Estado, aunque cambiaran las administraciones.

El caso más preocupante, a mi entender, ha sido la cancelación del contrato referido al agua potable. En primer término, porque el hecho de que venga otro gobierno invocando razones de conveniencia por más justificadas que sean y termine anulando un contrato con un consorcio que fue firmado de manera legítima, es una muy mala señal para los inversores, por más que se diga que se negoció con el consorcio y que se le va a asignar otras inversiones (algo igualmente controvertible).

No tengo recuerdo de que esto haya sucedido en el pasado, menos en una obra de tamaña envergadura que involucra cientos de millones de dólares y proyectos complejos desde todo punto de vista, que se negociaron durante años y para lo cual tres empresas del medio local se consorciaron con capitales extranjeros.

La seguridad jurídica y las reglas de juego son ingredientes extremadamente importantes para captar inversiones en el país, y este precedente, de seguro, no pasará desapercibido para los potenciales inversores que deban negociar obras de aquí en más con el Estado uruguayo, pues muestra que existe un riesgo político cierto asociado a los cambios de gobierno que antes no existía, cuyos costos impactan negativamente, ya sea en la evaluación de proyectos como en el número de oferentes que estén dispuesto a asumirlos pujando por ellos.

El caso de la construcción de las patrulleras oceánicas le agregó riesgos, ya que no solo se podrían cancelar proyectos que aún no comenzaron, sino que podrían afectarse proyectos en ejecución, empeorando la percepción. Como dijo el ministro Oddone, si el problema era una garantía de ejecución de obra, hubiera alcanzado con solicitarle a la contraparte que remediara la fallida por una adecuada y que el contrato siguiera funcionando con normalidad.

Difícil de entender que no se hubiera ido en silencio por ese camino, en lugar de lo que se hizo, que fue anunciar en conferencia de prensa y en boca del presidente de la República el inicio de acciones legales para rescindirlo.

¿Acaso nadie en el gobierno se percató de que estas acciones podrían resultar un tiro en el pie para la estrategia del ministro de economía que busca sacar el país adelante vía el círculo virtuoso de invertir y crecer más? ¿A nadie se le ocurrió consultarlo y sopesar estos eventuales efectos negativos antes de tomar decisiones?

Decisiones erróneas que se suman a las que mencioné en agosto en cuanto a dejar pasar el irrespeto de un sindicato para con las cláusulas de paz incluidas en un convenio firmado en 2024 y para con la libertad de trabajo en el caso de la pesca, que también afecta negativamente el clima de negocios ante la pasividad gubernamental.

Los impactos negativos ya se estarían materializando, al menos si vinculamos estas respuestas de política con la percepción empresarial que ha comenzado a deteriorarse y que coloca las perspectivas de crecimiento un punto porcentual debajo de las proyecciones gubernamentales del quinquenio, todo lo que puede observarse en la encuesta de noviembre que publicó Exante[ii].

[i] Estimaciones de Matías Brum muestran que 4/5 de la reducción de la pobreza entre 2006 y 2017 se explican por mejoras que ocurrieron en el mercado laboral, estrechamente ligadas al crecimiento de la actividad económica: https: //www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/la-pobreza-infantil-se-combate-con-transferencias-pero-especialmente-con-crecimiento-economico-y-un-mejor-mercado-de-trabajo
[ii] https://exante.com.uy/blog/economia/encuesta-de-expectativas-empresariales-noviembre-2025/