Vigencias futuras: pilar fundamental para la infraestructura de Colombia

Luis Fernando Mejía - director Ejecutivo del centro de estudios económicos Fedesarrollo
Análisis - especial para el tiempo
Colombia ha construido buena parte de su red de infraestructura moderna gracias a un instrumento clave de política pública: las vigencias futuras. Este mecanismo, consagrado en la Ley 819 de 2003, permite comprometer recursos del presupuesto nacional o territorial más allá del año fiscal en curso, otorgando previsibilidad a los proyectos de largo plazo y garantizando que las obras de infraestructura trasciendan los ciclos políticos y presupuestales. En un país con restricciones fiscales y grandes brechas en conectividad, las vigencias han sido, sin duda, una de las innovaciones institucionales más importantes para apalancar el desarrollo vial de las últimas dos décadas. Su relevancia se explica por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque permiten planificar inversiones plurianuales dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, al estar ancladas al ‘Marco fiscal de mediano plazo’ y al ‘Marco de gasto de mediano plazo’. De esta forma, los proyectos no dependen del vaivén anual de la ley de presupuesto, sino que se inscriben en una visión de mediano y largo plazo coherente con las metas de desarrollo. En segundo lugar, porque generan confianza entre inversionistas, financiadores y concesionarios, al representar un compromiso soberano del Estado colombiano de honrar los pagos comprometidos, incluso más allá del periodo de gobierno en el que se originan. Y, en tercer lugar, porque han permitido el desarrollo de esquemas de asociación público-privada (APP), que requieren flujos predecibles para su cierre financiero y su ejecución a largo plazo. Los resultados son elocuentes. Gracias a las vigencias futuras, Colombia ha logrado ejecutar una agenda de infraestructura sin precedentes. Se estima que más de 8.000 kilómetros de corredores viales han sido financiados, en buena parte, mediante este instrumento, movilizando inversiones superiores a los 70 billones de pesos. Proyectos emblemáticos como la autopista al Mar 1 y 2, la transversal del Sisga, Pacífico 1, Antioquia-Bolívar y Conexión Norte, entre muchos otros, han sido posibles gracias a la capacidad del Estado para comprometer recursos futuros de manera responsable. Sin las vigencias futuras, la escala y velocidad del programa de concesiones 4G y ahora 5G simplemente no habrían sido posibles. Además de su aporte directo a la ejecución de proyectos, las vigencias futuras han fortalecido la credibilidad del Estado colombiano frente a inversionistas nacionales e internacionales. La estabilidad y cumplimiento en los pagos han sido factores determinantes para mantener el interés del sector financiero en los proyectos APP. En un contexto global en el que los países compiten por atraer capital para infraestructura, la reputación de cumplimiento del Estado colombiano es un activo invaluable. Por eso, honrar los compromisos derivados de las vigencias futuras no es solo una obligación legal y fiscal: es una señal de confianza institucional, de respeto por las reglas de juego y de continuidad de las políticas públicas. De ahí la importancia de evitar cualquier tentación de reinterpretar estos compromisos como simples gastos discrecionales. Las vigencias futuras son, por definición, una obligación contractual de carácter soberano, que debe incorporarse plenamente en la programación fiscal y presupuestal. No hacerlo pondría en riesgo la ejecución de los proyectos en curso, afectaría la percepción de riesgo país y limitaría la capacidad del Estado para atraer nuevos inversionistas en futuras concesiones. En tiempos de estrechez fiscal, la prudencia no puede confundirse con el incumplimiento. La sostenibilidad de las finanzas públicas y la de los contratos deben avanzar de la mano. Ahora bien, el uso responsable de las vigencias futuras también exige una gestión rigurosa en su aprobación y seguimiento. El desafío está en preservar la disciplina en la asignación de nuevos compromisos, priorizando aquellos que se enmarquen en proyectos estratégicos, con estudios de factibilidad completos y estructuras financieras sólidas. El objetivo no debe ser multiplicar las vigencias, sino asegurar que cada peso comprometido se traduzca en infraestructura de alta calidad, con beneficios claros en competitividad, productividad y equidad regional. Asimismo, resulta clave fortalecer la transparencia y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Infraestructura, para asegurar que la programación de vigencias futuras responda a criterios técnicos y no a presiones coyunturales. Las vigencias futuras también tienen un papel esencial en la gestión contracíclica de la inversión pública. En contextos de menor crecimiento o de restricciones de caja, este instrumento ha permitido mantener el ritmo de ejecución de proyectos y proteger el empleo en sectores intensivos en mano de obra como la construcción y la ingeniería. En ese sentido, son una herramienta de estabilidad macroeconómica tanto como de política sectorial. De cara al futuro, Colombia debe continuar fortaleciendo la institucionalidad del financiamiento de infraestructura, consolidando un marco de reglas que combine responsabilidad fiscal con visión de desarrollo. Los compromisos de largo plazo deben ser tratados con la misma seriedad que la deuda pública, pues, en esencia, representan pasivos contingentes del Estado. Mantener la confianza de los inversionistas, del sistema financiero y de la ciudadanía requiere coherencia entre lo que se promete, lo que se contrata y lo que efectivamente se paga. En un país con enormes desafíos logísticos y de competitividad, donde el costo del transporte duplica el promedio de la Ocde y donde amplias regiones aún carecen de conectividad adecuada, las vigencias futuras seguirán siendo un pilar del desarrollo nacional. Su buen uso ha permitido transformar corredores viales, dinamizar la economía regional y generar empleo en todo el territorio. Pero su valor más profundo radica en que representan una promesa cumplida del Estado colombiano: la de construir futuro con responsabilidad fiscal, estabilidad jurídica y visión de largo plazo.