Plan para impulsar el recaudo tributario está tomando fuerza
El Proyecto de Ley de Reactivación Económica, plan b del gobierno Petro para asegurar recaudo si se llega a caer la reforma tributaria, dio su primer paso legislativo tras ser aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes; en medio de un ambiente agitado y carreras contra el tiempo, antes de que finalice este período legislativo
El Proyecto de Ley de Reactivación Económica, plan b del gobierno Petro para asegurar recaudo si se llega a caer la reforma tributaria, dio su primer paso legislativo tras ser aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes; en medio de un ambiente agitado y carreras contra el tiempo, antes de que finalice este período legislativo. Si bien es una noticia positiva, su avance no significa que la agenda fiscal se haya resuelto, ya que ambas discusiones avanzan en paralelo y ahora la expectativa se centra en lo que podría pasar con el proyecto que necesita esta administración para cuadrar la caja y aliviar una parte de las presiones fiscales que se vienen para 2025. La iniciativa fue presentada como un mecanismo para fortalecer el recaudo sin crear nuevas cargas, lo cual la diferencia de las reformas centradas en aumentar tarifas; ya que su núcleo consiste en modernizar normas existentes, normalizar obligaciones tributarias y ampliar la base efectiva de contribuyentes mediante recuperación de cartera pública. Según su ponente, Olga Lucía Velásquez, busca corregir distorsiones que "afectan la eficiencia del sistema" sin afectar el bolsillo de quienes ya cumplen y uno de sus puntos más visibles es el paquete de alivios tributarios para contribuyentes con obligaciones vencidas en renta, IVA, retefuente, impoconsumo y aportes parafiscales. Destaca que se trata de una oportunidad para ponerse al día, pues "a nadie le gusta deberle a la Dian" y explica que permitirá pagar únicamente el capital, mientras se reciben descuentos del 90% en intereses, multas y sanciones acumuladas frente a la Dian o a la UGPP. Insiste en que muchos contribuyentes cargan con deudas por descuidos administrativos que con el tiempo se vuelven impagables y por ello señala que "este es nuestro proyecto de reactivación económica", ya que ayuda a empresas y ciudadanos a retomar su actividad sin la presión de mora creciente. Para ella, normalizar los pasivos tributarios es indispensable para que quienes producen puedan generar empleo y fortalecer la base de contribuyentes activos en la economía. En términos de diseño fiscal, el proyecto combina este componente de normalización con medidas estructurales orientadas a cerrar vacíos regulatorios. Entre ellas está la actualización del impuesto al consumo para cigarrillos, vapeadores, tabaco calentado, líquidos y dispositivos electrónicos con nicotina; con el fin de que haya un tratamiento homogéneo que elimine zonas grises que fomentan informalidad y, al mismo tiempo, proteja la salud pública bajo criterios de proporcionalidad entre productos equivalentes. Tema digital La iniciativa también introduce innovaciones en la conversación sobre la responsabilidad tecnológica de plataformas digitales y aunque no crea impuestos nuevos para redes sociales como TikTok, Instagram, X o Facebook, abre un debate sobre su impacto en salud mental y el uso compulsivo entre jóvenes. Así mismo, el texto señala la necesidad de incluirlas en la discusión regulatoria nacional para revisar temas como su tributación, su influencia en comportamientos y los riesgos asociados a la exposición prolongada. Más allá de este debate inicial, el proyecto propone herramientas para mejorar la capacidad de recaudo territorial, especialmente en multas de tránsito con altos niveles de mora; con la intención de dar a alcaldías y gobernaciones instrumentos para actualizar bases de datos, depurar sanciones y facilitar acuerdos de pago y lograr que ingresos que ya existen, pero no se cobran, logren finalmente ingresar a las finanzas públicas sin recurrir a nuevos tributos. El representante Wilmer Castellanos celebró la aprobación en primer debate al considerar que fortalece las finanzas públicas sin presionar el bolsillo de los contribuyentes y destacó que ofrece "alivios tributarios del 80% y hasta el 90% en sanciones e intereses" y permite que entes territoriales apliquen programas similares. Para él, la combinación de alivio y recaudo inmediato representa una oportunidad para modernizar la gestión fiscal y se promueve la recuperación económica. Además de los alivios, Castellanos resaltó incentivos orientados a impulsar sectores específicos. Entre ellos mencionó los créditos del Fondo Nacional del Ahorro para mejoramiento de vivienda sin hipoteca, beneficios para el reemplazo de flota de transporte público y de carga, y descuentos tributarios por donaciones a fondos que apoyan a personas con discapacidad. También hay que decir que aunque el proyecto se presenta como alternativa a la tributaria, no compiten directamente, ya que sus fuentes de recaudo tienen propósitos distintos y mientras la reforma busca recursos para financiar compromisos estructurales, este proyecto pretende recuperar obligaciones existentes y generar flujos frescos mediante eficiencias. Así, su recaudo potencial estimado, cercano a los $7 billones, depende de la respuesta de los deudores y del ritmo de implementación. De igual forma, la discusión no está exenta de dudas sobre los tiempos legislativos. El representante Christian Garcés advirtió que, pese a la aprobación inicial, el periodo disponible para completar el trámite es muy corto y recordó que deben pasar ocho días para el segundo debate en Cámara, luego quince días para el primero en Senado y otros ocho días antes del último debate; dejando claro que que "ya estamos a menos de un mes de que se acaba el periodo legislativo".También hay que decir que aunque el proyecto se presenta como alternativa a la reforma tributaria, no compiten directamente, ya que sus fuentes de recaudo tienen propósitos distintos y mientras la reforma busca recursos para financiar compromisos estructurales, este proyecto pretende recuperar obligaciones existentes y generar flujos frescos mediante eficiencias. En ese sentido, su recaudo potencial estimado, cercano a los $7 billones, depende de la respuesta de los deudores y del ritmo de implementación. De igual forma, la discusión no está exenta de dudas sobre los tiempos legislativos. El representante Christian Garcés advirtió que, pese a la aprobación inicial, el periodo disponible para completar el trámite es corto y recordó que deben pasar ocho días para el segundo debate en Cámara, luego quince días para el primero en Senado y otros ocho días antes del último debate; dejando claro que que "ya estamos a menos de un mes de que se acaba el periodo legislativo". Lo dicho por Garcés no es menor si se tiene en cuenta que si el proyecto no completa los cuatro debates antes del cierre de sesiones, deberá archivarse o esperar un mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo.