Fiscalía: prueba de fuego

Ricardo Santamaría
El informe de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de Calarcá expone una posibilidad aterradora: Sectores del Estado, incluyendo mandos del Ejército y funcionarios de inteligencia, podrían haber jugado un papel de colaboración, omisión y facilitación del crimen organizado. Es un terremoto institucional. Pero hay algo aún más inquietante: Este derrumbe institucional, de comprobarse lo denunciado, ocurrió bajo un Gobierno que hizo de la Paz Total su bandera, una política que, lejos de pacificar al país, abrió puertas, dio oxígeno y dejó sin controles a organizaciones criminales que hoy se sienten más fuertes que nunca. La Paz Total no pacificó: Desarmó al Estado, desorientó a la Fuerza Pública y empoderó a los criminales. Mientras el Gobierno hablaba de diálogo, las disidencias ampliaban territorios, reclutaban menores, fortalecían economías ilegales y, peor aún, consolidaban alianzas con sectores corruptos del Estado. ¿Y el Gobierno qué hizo? Nada. Guardó silencio. Se aferró al discurso ideológico de la negociación mientras los grupos armados crecían con impunidad. Se removieron generales con experiencia y se nombraron mandos sin la suficiente experiencia y trayectoria. Se debilitó la inteligencia estratégica. Se frenaron operaciones. Se paralizó la ofensiva. Esa desinstitucionalización quizás creó el ambiente para que florecieran arreglos clandestinos como los descritos en los documentos de Calarcá. ¿Dónde estuvo la supervisión del Gobierno? ¿Quién vigiló los contactos entre negociadores, emisarios, mandos militares y estructuras criminales? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no prendió las alarmas cuando los homicidios, la extorsión, los cultivos ilícitos y el control territorial de las disidencias crecían? La pregunta ya no es si la Paz Total fracasó. La pregunta es cuánto daño más está causando. La Fiscalía, al parecer, tampoco ha actuado con la urgencia que este escándalo exige. La evidencia existe, los nombres están, las fechas están, las rutas de dinero están. Necesitamos voluntad institucional de este ente investigativo. Hoy el país tiene los ojos puestos en la Fiscalía. Frente a esta crisis, los candidatos presidenciales no pueden limitarse a la indignación ritual. Este escándalo redefine la agenda de seguridad del país. No se trata de abandonar la búsqueda de paz, sino de reconstruir una política seria de seguridad, con verificación, control territorial, una Fuerza Pública fortalecida y con reglas claras que impidan el avance de los criminales. Se requiere depuración profunda en Ejército, Policía, inteligencia y entidades civiles que hoy están infiltradas o debilitadas. Sin una fuerza pública confiable, no hay Estado posible. Lo que revelan los archivos de Calarcá no es solo el fracaso de una política pública; es el síntoma de un gobierno que perdió el control de sí mismo. Corregir este rumbo es una tarea urgente e impostergable. Y quien quiera gobernar a Colombia deberá demostrar que está dispuesto a recuperar la autoridad del Estado.
Analista.