Sánchez en la estacada

Con la orden de prisión provisional para el diputado y exministro José Luis Ábalos y su acólito Koldo García, se abrió una vertiente que podría desatar una seguidilla de declaraciones con capacidad de remecer al Ejecutivo. Ábalos y Koldo están procesados por una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia, pero también están en la mira por otra causa, la de contratos fraudulentos en obras públicas. Ábalos fue la mano derecha de Pedro Sánchez desde que asumió la secretaría general del PSOE hasta su caída en desgracia judicial, y mantuvo lealtad con el Presidente mientras estuvo fuera de la cárcel.
En los últimos días, sin embargo, sus mensajes han ido en otra dirección, insinuando que tiene información sobre un caso de corrupción que afecta directamente a Begoña Gómez, mujer de Sánchez, quien ya está investigada por tráfico de influencias, entre otros delitos. "Si se abre el melón (investigar el rescate que hizo el gobierno a la compañía Air Europa), podemos llegar hasta Begoña. Llegar bien llegados", dijo. Desde el gobierno han respondido que no aceptarán chantajes y que "la verdad se impondrá", pero no está claro si tienen capacidad para detener los testimonios de Ábalos.
Como hombre de confianza de Sánchez, que lo acompañó en el camino para tomar el control del PSOE, Ábalos tiene gran cantidad de información sensible y muchos creen que podría hablar y entregar a la justicia pruebas de actos de corrupción para negociar acuerdos de reducción de penas. En un tuit, antes de entrar a la cárcel, lanzó otro dardo, al asegurar que Sánchez se había reunido con Arnaldo Otegi, exlíder de ETA, para negociar el apoyo de su partido, EH Bildú, a la moción de censura contra Mariano Rajoy que le permitió llegar a La Moncloa en 2018. Desde el Ejecutivo lo niegan, pero al parecer tiene pruebas de eso, las que debería entregar a la justicia para sostener tal afirmación.
El "caso Koldo" y la investigación a Begoña no son lo único que complica al gobierno. Otro secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también pasó por la prisión por estar supuestamente involucrado en una trama de sobornos por contratos amañados entre empresas y el Estado, pero fue liberado tras dar su declaración porque ya no habría riesgo de destrucción de pruebas incriminatorias, si bien sigue enjuiciado.
Otro proceso que cayó como balde de agua fría al gobierno de Sánchez fue la destitución por el Tribunal Supremo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado del delito de "revelación de secretos", al filtrar a la prensa declaraciones, en un caso tributario, del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, una supuesta maniobra política para afectar la credibilidad y prestigio de la dirigenta opositora. Con esta acumulación de escándalos, desde la oposición -e incluso desde un sector del PSOE formado por líderes históricos- se multiplican las voces que piden o exigen que el Presidente renuncie y adelante las elecciones que tienen como plazo 2027.
Parálisis parlamentariaSe le critica a Sánchez que está más preocupado de hacer control de daños tanto al gobierno como a su entorno familiar (un hermano suyo también está acusado judicialmente) que de tomar las decisiones políticas que vayan en beneficio del país. La semana pasada fue rechazada en el Parlamento su propuesta de trayectoria fiscal, que es necesario aprobar antes de presentar los presupuestos generales. Este revés mostró la debilidad que tiene un gobierno que parece haber perdido ya la mayoría parlamentaria. Porque si bien el PSOE no es el partido mayoritario -sí lo es el PP-, formó una coalición de izquierdas a la que sumó a los independentistas catalanes y vascos, que le permitió llegar al gobierno y mantenerse.
Con la suspensión de Ábalos como diputado, el oficialismo perdió un voto clave, pero además la votación esta semana demostró que ahora no todos los partidos de la llamada "coalición Frankenstein" están dispuestos a seguirlo. Los catalanes de Junts votaron en contra de la propuesta, señalando una discrepancia de fondo con respecto al gasto y endeudamiento, mientras sus exsocios de Podemos se abstuvieron. El PP lo rechazó porque se oponía a más deuda y más impuestos, y Vox acusó al gobierno de "robar y gastar" en cosas inútiles. Junts, el partido del exiliado independentista Carles Puigdemont, es ahora el fiel de la balanza en el Parlamento y con sus siete escaños puede decidir el rumbo de las iniciativas legales.
Para el PP y Vox, la centroderecha y derecha opositoras, estos son momentos de gran oportunidad para arremeter contra un gobierno debilitado, que intenta sobrevivir con medidas populistas como el alza del 11 por ciento del salario de los empleados públicos, sin avanzar en temas prioritarios. El presupuesto es uno de ellos, y no se avizora que puedan conseguir aprobarlo, tal como ya ocurrió en 2023 y 2024. Ahora, el Consejo de Ministros tiene 30 días para darle el visto bueno a una nueva propuesta fiscal, pero se estima que no logrará hacerlo. Mientras tanto, avanza la idea de que podría prosperar una moción de censura. Así lo planteó Alberto Núñez Feijóo el viernes, cuando instó a los empresarios catalanes a presionar a Junts para que se sumen a un voto contra el gobierno. "No me faltan ganas" de botar a Sánchez, dijo Feijóo, "me faltan los votos", argumentándoles que está seguro de que ellos "no comparten la deriva económica, legislativa ni siquiera ética que está siguiendo el gobierno".