Alta traición

Pocas ideas son menos polémicas en el debate público que la centralidad de la educación para el desarrollo. En especial en la izquierda o el progresismo. El corazón batiente de esas ideologías es usar el poder del Estado para reducir las brechas sociales, y la educación es la herramienta por excelencia para esa tarea. De ahí que el presidente Petro la invoque con frecuencia; aunque, fiel a su estilo ampuloso, prefiera hacerlo metonímicamente, hablando de "la ciencia", "el saber" o "la sociedad del conocimiento". Por eso es particularmente perverso que en su gobierno se multipliquen las denuncias sobre funcionarios en altos cargos con títulos presuntamente falsos o irregulares. Aún está fresco el episodio de la joven Juliana Guerrero. Su nombramiento como viceministra se descarriló luego de que, gracias a la presión de la representante Jennifer Pedraza, la fundación universitaria que firmaba su diploma debió admitir que "no había evidencia" de que hubiera cursado el pénsum de su carrera. Como ese, habría al menos 24 casos más, afirma Cathy Juvinao, también congresista, quien adelanta una investigación sobre la expedición de diplomas presuntamente irregulares -de la misma fundación- para favorecer a funcionarios del Gobierno. De comprobarse sus denuncias, estaríamos ante un auténtico ‘cartel de los cartones’. Un gobierno realmente preocupado por la educación, en lugar de atacar a las denunciantes, como ha hecho, tomaría medidas enérgicas para investigar y, si cabe, sancionar estos posibles fraudes. Pues un solo diploma falso pone en entredicho no solo a la entidad que lo emite, sino a todo el sistema de educación superior nacional. Los programas universitarios requieren autorización del Ministerio de Educación para funcionar y otorgar diplomas. Si el Ministerio relaja sus controles, al punto de avalar títulos que no cumplen con estándares mínimos, todos los títulos del país pierden prestigio y credibilidad; aun los expedidos por instituciones serias. Y este no es el único atentado del Gobierno contra "la sociedad del conocimiento". La lista es larga. En el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia fue colocado un funcionario mencionado por Noticias Caracol en el escándalo de la infiltración de las disidencias de las Farc en el Departamento Nacional de Inteligencia. El nombramiento del candidato del Gobierno a la rectoría de la Universidad Nacional fue declarado ilegal por el Consejo de Estado. Los créditos del Icetex se desplomaron. Colfuturo se quedó sin apoyo estatal. El país aún espera la llegada masiva de los Ph. D. que iban a "colaborar con la conducción" del Estado, como anunció Petro en 2022. Entre tanto, su gobierno propone eliminar los requisitos académicos para ser cónsul o embajador. ¿Estudiar? Eso para qué. Son tantas las calamidades que el petrismo ha vertido sobre Colombia que resulta difícil calificar esta como la más trágica. Ese siniestro galardón le corresponde a la crisis de la salud o al desmadre de la inseguridad, cuyas consecuencias se miden en muertos. El maltrato a la educación superior, sin embargo, podría encabezar un escalafón distinto: el de la traición. Me explico: que el Pacto Histórico se haya feriado nuestro futuro, endeudando alegremente al país, no tiene nada de particular. Que haya engordado el Estado, hinchando la panza de la corrupción, es apenas natural. Todo eso hace parte de su ADN filochavista. Sus votantes no pueden sentirse engañados ni defraudados por tan previsibles consecuencias. Pero que de forma tan politiquera degrade la educación superior -palanca de la igualdad de oportunidades- sí constituye una forma de alta traición: a sus electores, que con razón esperaban otra cosa, y a los ideales de izquierda, esa que dice representar. @tways / tde@thierry.net
Tubo de ensayo
Thierry Ways
En vez de atacar a las denunciantes, un gobierno realmente preocupado por la educación tomaría medidas para sancionar los posibles fraudes.