Caos institucional

Miguel Gómez Martínez
Lo que faltaba. Como si no fuera suficiente con todos los controles, exigencias y trabas que el Estado pone a los empresarios, ahora se adiciona la suspensión de los decretos de emergencia y del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado. Es evidente que las dos decisiones gubernamentales son abiertamente ilegales. También está claro que la suspensión temporal es el procedimiento previsto cuando se está delante de un abuso evidente de una norma. Pero pónganse en los zapatos de un empresario que no sólo no sabe cuál es el salario mínimo que debe pagar y además no sabe si es responsable tributos que estaban definidos en la emergencia económica. Gerenciar con esta incertidumbre es imposible. ¡Mayor nivel de inseguridad jurídica es inimaginable! A pesar del discurso iluso de los politólogos afirmando que "Colombia es un país de instituciones", es difícil estar de acuerdo. Lo que muestra la realidad es lo contrario. Las instituciones no actúan, ni están coordinadas, se contradicen y se enfrentan con frecuencia. El Ministerio de Minas estimula la minería, pero el de Medio Ambiente se opone. Las alcaldías quieren hacer infraestructura, pero las poblaciones no lo permiten con acciones populares. Los cordobeses se ahogan mientras la Ungrd no tiene cómo asistirlos porque se robaron los recursos. El ministro de Justicia acusa a su similar de Defensa de estarlo espiando. El jefe del Estado afirma que un general lo quiere asesinar. El alcalde de Bogotá se enfrenta al Ejecutivo para defender el avance del metro. Las sentencias se contradicen. Un juez municipal embarga las cuentas de Ecopetrol, la empresa más grande del país. ¿País de instituciones o país de caos institucional? Lo que está demostrado es que las instituciones sólo les sirven a los políticos que juegan con ellas como si fueran monigotes. Ninguno de los organismos de control ha podido anticiparse a los corruptos para evitar que se roben los presupuestos. La billonaria feria de la contratación que venimos de presenciar no produce ninguna reacción. Anuncian la apertura de investigaciones cuando los hechos están consumados. Pasan años antes de que salgan decisiones simbólicas que no reparan el daño y que por lo general favorecen la impunidad. Los políticos juegan con los términos y los vericuetos legales hasta que los procesos se archivan. Las instituciones se prestan a estas jugarretas con argumentos baladíes. Para el político las instituciones son siempre obedientes y tolerantes. ¿Colombia, país de instituciones? Si así fuese no tendríamos el desgobierno y la inseguridad que nos tortura. Tampoco observaríamos los índices de corrupción que no cesan de aumentar. Veríamos que los problemas se resuelven y no que perduran o se agravan como es por lo general el caso. Otro cuento chino que repetimos como loros y sin fundamento. Coletilla: En Colombia "potencia de la vida" el sicariato representa 67,5% de los homicidios. Otro cuento chimbo.
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