Patrulleras y la nave del Estado

Entre el goteo de datos dispersos, imputaciones echadas a correr y agravios difamatorios, viene sumándosele niebla y lodo al toletole montado con las denuncias sobre la licitación adjudicada a Cardama, para la construcción de las manoseadas naves patrulleras.

En vez de procesar los reclamos en las vías administrativa, civil y penal que legalmente corresponden, las desviaciones en la contratación que el actual gobierno le atribuye a su predecesor pasan ahora a ser tema para una o dos comisiones investigadoras parlamentarias, que han de actuar en paralelo con el jaleo judicial que resultará de la decisión de rescindir el encargo, en vez de negociar una solución como había anunciado el Ministro de Economía Gabriel Oddone Pais.

El tema es de Derecho de punta a punta. Y ya que el Uruguay aparece timado con fianza falsa, inexistente o trucha, lo que corresponde es compilar toda la información de antes y después y ponerle microscopio electrónico en las sedes naturales, para que eleven las fallas y los aciertos a conceptos jurídicos conducentes, sin entreverarla en toletole político. A la desgracia de que el Estado acaso haya sido inducido a error debemos no agregarle la desgracia de que el Derecho tenga que abrirse paso en la espesura de una niebla maloliente, hecha con elementos fragmentarios y agravios personales.

Por el camino que vamos, parece claro que todo amenaza con quedarnos sin estas patrulleras -por más que están semipagadas y a medio hacer- y quedarnos también con un pleito de órdago, para intentar recuperar lo abonado a una empresa transoceánica a la que se acusa de estar bordeando la insolvencia.

Con el cuadro que tenemos a la vista, no es factible emitir juicio ni planificar soluciones. Por mucho que se haya meneado la falsedad de las garantías como justificación para rescindir, un contrato que ambas partes vinieron cumpliendo en lo principal no cae por vicios de lo que es accesorio y puede repararse.

Imaginar dos cascos sin completar, varados en España, es suficientemente fantasmal como para no sumarle el bochorno de instalar, por meses o años, polémicas partidarias allí donde la Constitución y la ley ordenan trámites judiciales asépticos y de orden público, para determinar la verdad y eventualmente reprochar responsabilidades si surgen evidencias de dolo. Las patrulleras son de alta prioridad para proteger el frente oceánico, pero el Derecho es de prioridad aun más alta para defender las garantías de la de la ciudadanía convertida en opinión pública en ejercicio de su libertad.

El Estado se encamina hacia a fuera, a pleitear duro con Cardama; y hacia adentro, a indagar el proceso entero de la licitación a través de la Magistratura obligada a ser apolítica y a través del Parlamento, cuyos protagonistas son esencialmente políticos y están habituados a usar anteojos ahumados por militancias.

Nuestro deber es enfrentar esta penosa coyuntura con el propósito de derrotar la grosería moral de que la política haya de estar por encima de la legalidad.

Derrotar ese dislate para siempre, hermanándonos en la legalidad sin banderías.