Pondrían en jaque la inversión educativa

El sector educativo privado en Colombia encendió alarmas. La implementación del Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, que crea un impuesto extraordinario y temporal dirigido a las empresas más grandes del país (cuyo patrimonio supera los 200.000 UVT) para atender la crisis humanitaria que dejó el invierno, amenaza con golpear a las instituciones de educación superior privadas. Estas entidades, según Ascun (Asociación Colombiana de Universidades), no distribuyen utilidades ni reparten dividendos, y cuyos excedentes se reinvierten en infraestructura, investigación y bienestar estudiantil. El padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de Ascun y Rector de Uniminuto, señaló que "gravar a las IES privadas revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación". Para el líder académico, comparar estas instituciones con empresas comerciales ordinarias ignora que las universidades privadas no son empresas que persiguen ganancias, sino que complementan al Estado en su deber de garantizar educación para todos los colombianos. El decreto, fue firmado el 24 de febrero con la rúbrica de todos los ministros para atender las emergencias por fenómenos climáticos a finales de enero y comienzos de febrero que dejan un impacto cercano a $8,3 billones.