Cannabis recreativo

Según el Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, el mercado ilegal de cannabis en Uruguay habría pasado de un 60% a apenas un 6% tras la regulación. La cifra es impactante: sugiere una sustitución casi total del circuito ilegal. Y precisamente por eso exige una validación metodológica excepcional.

Cuando un dato parece demasiado bueno para ser cierto, lo primero que demanda no es adhesión, sino explicación: ¿cómo se construyó ese dato?, ¿qué se midió y qué quedó fuera? La carga de la prueba no está en quien duda, sino en quien afirma.

Los informes de organismos internacionales, en particular de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muestran una regularidad empírica consistente: el mercado ilegal no desaparece con la regulación; persiste, y en proporciones relevantes.

Aquí aparece un problema conocido: el sesgo de subdeclaración. No todos los consumidores informan con precisión dónde adquieren la sustancia. Algunos pueden seguir recurriendo al circuito ilegal y no decirlo; otros pueden declarar consumo legal por razones de aceptación social. Sin ajustes metodológicos explícitos, el dato puede estar condicionado desde su origen.

A esto se suma una cuestión básica de definición: ¿qué se entiende exactamente por "mercado ilegal"? ¿Todo lo que no pasa por farmacias? ¿Incluye el autocultivo no registrado o los intercambios informales? Según cómo se delimite, los resultados pueden variar de forma significativa. El propio informe oficial introduce un elemento que complejiza el panorama: la existencia de un "mercado gris", cercano al 30%, integrado por producción doméstica no registrada e intercambios informales. No es narcotráfico clásico, pero tampoco un circuito regulado. Obliga a abandonar cualquier lectura binaria entre legalidad e ilegalidad.

Otro dato indica que el 46% de los consumidores estaría registrado y accedería legalmente. Pero surge una pregunta inevitable: ¿sobre qué universo total se calcula ese porcentaje?

Una eventual reducción del mercado ilegal de cannabis no implica, por sí sola, una retracción del narcotráfico en su conjunto. Más bien lo contrario.

La regulación del cannabis para uso recreativo se inscribió, en parte, dentro de una estrategia de seguridad. Desde ese ángulo, los resultados están lejos de ser concluyentes. El narcotráfico no perdió capacidad de acción; por el contrario, hoy constituye una preocupación central en la agenda pública.

Con la ley, también se esperaba que la regulación contribuyera a reducir el consumo de otras drogas. Sin embargo, a más de una década de iniciada la experiencia, la evidencia disponible sugiere una tendencia al alza.

Pero hay un punto adicional que no debería soslayarse: la evaluación de una política pública no puede depender exclusivamente de los datos que el propio sistema produce. Cuando los indicadores no son independientes, el riesgo de confirmación aumenta. La solidez de una política no se mide por su capacidad de generar buenos números, sino por la robustez de los métodos que los sustentan.

Porque cuando una política pública se convierte en símbolo, emerge un incentivo a demostrar su éxito. Y cuando los datos dejan de interpelar al poder para pasar a confirmarlo, el problema deja de ser técnico: se convierte en un problema de verdad pública.