La triste suerte de las empresas estatales

El gobierno de Gustavo Petro produjo innumerables daños a la estructura del Estado. Trató de quebrar la institucionalidad y el buen gobierno de las entidades a través de las cuales se ejecutan las políticas públicas. En la mayoría de esas entidades se han nombrado directivos sin experiencia en los asuntos bajo su responsabilidad (Aeronáutica Civil). Otras perdieron el personal que tenía los conocimientos para cumplir sus funciones con relativa eficiencia (Minhacienda). En las últimas semanas el propósito electoral domina la designación de los funcionarios públicos (Nueva EPS). El peor de los daños fue el infligido al gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal que son la columna vertebral del Estado. El deterioro inmenso de la principal empresa del país, Ecopetrol, será difícil de enmendar. La reducción de sus ingresos, de sus utilidades y de la producción petrolera muestra que la compañía está en ‘caída libre’. El desprecio por la técnica y por la gestión pública puso en peligro la supervivencia futura no solo de Ecopetrol sino del resto de empresas de propiedad estatal. Así lo concluyó un estudio reciente del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes, con el propósito de formular una estrategia para fortalecer la institucionalidad en el manejo de los activos públicos de la Nación, que, es bueno recordarlo, pertenecen a toda la ciudadanía. El gobierno corporativo no es un embeleco de los teóricos de la administración. Es —nada menos, ni nada más— que la relación entre los inversionistas de las empresas, la junta directiva como órgano que los representa y gobierna la entidad, y la administración, encargada de la gestión y el manejo de los recursos. En Ecopetrol el 88,5 % del capital pertenece a todos los colombianos, y su junta directiva, elegida en la Asamblea de Accionistas con la participación mayoritaria del Gobierno, no es un ‘adorno’. Su principal responsabilidad es construir la empresa del futuro promoviendo el interés nacional y el de los accionistas minoritarios. Ya elegidos, los miembros de la junta actúan de manera independiente, por el bien de la organización y en representación de todos los accionistas. Esa junta designa o remueve al presidente. Pues bien, el presidente Petro destrozó los principios del gobierno corporativo de Ecopetrol, que venían aplicándose juiciosamente desde la venta a inversionistas privados en 2007. Convirtió a la junta directiva en un apéndice de la Casa de Nariño. Mantuvo en la presidencia a un individuo cuestionado por la justicia (ahora imputado por la Fiscalía), interfirió en decisiones cruciales adoptadas por la junta y dictó la política petrolera desde la Presidencia. Perdimos la autosuficiencia en gas natural. Y el valor de la compañía cayó de manera brutal: Nutresa desplazó a Ecopetrol como la empresa con la mayor capitalización bursátil del país. El estudio de la Universidad de los Andes, que contó con la participación de 18 expertos, plantea la creación de una Unidad de Propiedad Estatal, inspirada en el modelo del Banco de la República, para blindar las empresas estatales de los ciclos políticos y para que el Estado actúe como un accionista profesional y estratégico orientado al largo plazo. El Banco de la República El presidente Petro y su ministro de Hacienda intentan destruir la institucionalidad constitucional que ampara al Banco de la República. Extorsionaron a la junta y afectaron la imagen internacional del Banco. Si en la elección se derrota al continuismo, la recuperación será posible y rápida. Si no es así, el futuro de la entidad que garantiza la estabilidad de la economía colombiana estará en grave riesgo.
Ecopetrol
Carlos Caballero Argáez