España, Reino Unido y Estados Unidos entre los referentes: Cómo son los "otros CFA" del mundo

Es innegable que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se ha convertido en un protagonista del debate presupuestario chileno. Esto volvió a evidenciarse hace algunas semanas, cuando el organismo advirtió ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los riesgos fiscales que podría implicar el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social del Ejecutivo. Más temprano, en la misma jornada, el consejo había asistido a la comisión especial mixta de Presupuestos para exponer sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
Ahí, y justamente cuando la entidad consolida su reconocimiento, su presidenta, Paula Benavides, detalló que el año pasado encargaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio sobre evidencia comparada respecto de otras instituciones fiscales independientes (IFI). El documento "Recomendaciones para el cierre de brechas del CFA frente a las IFI de referencia" comenzó a elaborarse en febrero, según las actas del consejo.
"Creemos que va a ser muy valioso", dijo Benavides a los legisladores, y precisó que "quisimos tener una mirada de la labor que nosotros estamos realizando y compararla con otros organismos de la misma naturaleza en países OCDE, experiencia comparada, y tener propuestas para cerrar brechas y así poder continuar mejorando nuestras funciones".
Punto de partida
Jorge Rodríguez, expresidente del CFA e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), explica que la creación del Consejo Fiscal Autónomo, en 2019, se basó en buenas prácticas internacionales, especialmente de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "El caso de España fue uno de los principales que sirvió de inspiración", recuerda.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de dicho país tiene como objetivo "velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo", según su propio sitio web. Opera desde 2014, y se define como "una institución pública joven (...) que en pocos años ha construido una reputación de objetividad, independencia y transparencia".
La AIReF realiza una evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y del análisis de las proyecciones económicas. A siete años de su creación, la entidad incorporó entre sus funciones permanentes la evaluación del gasto público. La institución cuenta con cuatro divisiones además de su Presidencia: Análisis Presupuestario, Análisis Económico, Evaluación del Gasto Público y Jurídico Institucional.
Además de este caso, Rodríguez añade que "desde que existe el CFA en Chile ha habido intercambios de experiencias con varios países de la región, por lo que existen elementos en común, con distintos niveles de desarrollo, con los consejos de Colombia, Perú y Uruguay, por ejemplo".
Justamente, el estudio "Instituciones fiscales independientes: una tipología de las instituciones de la OCDE y una hoja de ruta para América Latina" analizó la región en 2024. Ahí se explica que países como Chile y Colombia crearon consejos consultivos adscritos a sus ministerios de Hacienda y que, en algunos casos, evolucionaron a instituciones independientes. Distinto es el Consejo Fiscal del Perú, que nació como un organismo jurídicamente independiente. En tanto, Argentina y México crearon oficinas parlamentarias de presupuesto, mientras que la Institución Fiscal Independiente de Brasil está vinculada al Senado Federal.
Los referentes de la OCDE
El informe "Government at a Glance 2025" de la OCDE incluye un "Índice de Defensa Fiscal" del año previo, la herramienta más reciente del organismo sobre eficiencia de las IFI. El instrumento mide independencia, análisis crítico y comunicación pública de los temas fiscales, y en dicha oportunidad evaluó 35 instituciones en cuatro dimensiones: independencia, enfoque analítico, estructura de comunicación e impacto de la comunicación.
Chile ocupó el puesto 22 de 35, y el índice fue encabezado por la Oficina Parlamentaria de Presupuesto de Canadá, la Oficina de Análisis de Política Económica de Países Bajos, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido y la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos.
Reino Unido, en particular, creó en 2010 su Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés) para proporcionar análisis independientes y autorizados de las finanzas públicas del país. La entidad tiene cinco funciones principales: elaborar proyecciones económicas y fiscales; evaluar el desempeño del gobierno en relación con sus objetivos fiscales; evaluar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y analizar el balance del sector público; evaluar los riesgos fiscales, y analizar los costos de las políticas fiscales y de bienestar social.
Un año después de su creación, la OBR implementó su propio panel asesor, integrado por expertos económicos y fiscales, para contribuir al desarrollo y la revisión de su programa de trabajo y sus métodos de proyección. Desde 2020, la entidad ha convocado mesas de trabajo periódicas para debatir sobre la evolución económica y fiscal, y sobre áreas relevantes para sus estimaciones y análisis.
Años antes, en 1974, se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense (CBO, por sus siglas en inglés), para "proporcionar información objetiva e imparcial que respalde el proceso presupuestario del Congreso y ayudar a este a formular políticas económicas y presupuestarias eficaces". Según la información oficial disponible, "la agencia ofrece una alternativa a la información proporcionada por la Oficina de Administración y Presupuesto y otras agencias del Poder Ejecutivo".
El Congreso establece las prioridades de la CBO. Sus profesionales realizan "miles" de asistencias técnicas, elaboran "cientos" de estimaciones de costos de proyectos de ley y preparan "decenas" de informes y materiales sobre diversos temas, asegura el sitio web de la entidad, y aclara que no está entre sus funciones formular recomendaciones de política pública, sino proporcionar información presupuestaria y económica "de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso legislativo".
Un caso de una institución pequeña, con competencias más limitadas, pero aun así con "potencial de producir análisis influyentes que mejoren el debate público" que destaca la OCDE es el del Consejo Asesor Fiscal de Irlanda.
Jorge Rodríguez plantea que "la incidencia es un gran desafío para todos los consejos fiscales". Si bien rescata que cerca de un tercio de las recomendaciones que ha realizado el CFA se han implementado, y que otro tercio está en implementación, "se podría avanzar más en Chile". El camino que propone es adoptar una práctica existente en otros países respecto de las recomendaciones de los consejos fiscales, conocida como "cumplir o explicar. (...) Esto implica que las propuestas siguen siendo no vinculantes, pero que las autoridades deben dar una explicación pública fundada sobre sus razones en caso de no acogerlas".