Democracia sin chantaje

Este domingo Colombia decide el nombre del presidente que gobernará hasta 2030. Las encuestas de la recta final ubican a Abelardo De La Espriella por encima de siete puntos frente a Iván Cepeda, según mediciones de Guarumo-Ecoanalítica (52,6% vs. 45,0%) y AtlasIntel (50,3% vs. 42,6%). Nada está escrito hasta que la Registraduría lo certifique. Pero, como dicen en Barranquilla: "Yo he visto muertos cargar el cajón". Esta recta final produjo dos fenómenos que merecen análisis. El primero, la acumulación de acciones judiciales: en diez días, la campaña de Cepeda radicó denuncias ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por nexos con el paramilitarismo, abrió el frente de la doble ciudadanía, promovió tutelas sobre símbolos de campaña y anunció nuevas denuncias sobre el sistema de salud en la costa Caribe. La Silla Vacía lo señaló con precisión: los indecisos pedían proyectos de futuro, no peleas del pasado. Esa acumulación ancló la candidatura en el terreno donde menos convence. Cepeda tampoco ha retirado formalmente la constituyente: la llama ahora mera posibilidad. Esa ambigüedad no cierra dudas: las agrava. El segundo fenómeno es la interferencia directa del Gobierno. Petro anunció ponerse al frente de la campaña de Cepeda, en abierta contravía de la Constitución y de los llamados de los entes de control. Un exdirector de la UNGRD fue sancionado por proselitismo desde un cargo público. A eso se suman reportes de la Defensoría y organizaciones de derechos humanos sobre constreñimiento armado en el suroccidente pacífico, donde grupos ilegales condicionan el voto. En una democracia que se precia de serlo, el sufragio libre no admite excepciones territoriales. La expresión más grave llegó de Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD y estratega del equipo de Cepeda. Cuando una periodista le preguntó qué ocurriría si su candidato pierde, respondió: "Indudablemente, se va a incendiar el país". Esa frase no es una advertencia. Usar el miedo para presionar el voto es un acto antidemocrático que raya en la extorsión. Cuando un líder recurre a ese argumento, ha renunciado a la persuasión: sólo le queda el chantaje. El contralor Carlos Hernán Rodríguez respondió con la frase correcta: "No vamos a permitir que este país se incendie, cualquiera que sea el resultado". Hay una lectura estructural que este proceso confirma. Los colombianos llevan más de una década tomando decisiones de manera crecientemente autónoma. Los votantes no esperaron que Fajardo, Claudia López o Paloma Valencia les dijeran por quién votar. La información se fragmentó y el ciudadano evalúa con más herramientas que antes. Encasillar al electorado en izquierda, derecha o centro es el error de quienes viven la política como doctrina. El colombiano de a pie vota por proyectos que reducen sus miedos y amplían sus posibilidades, no por ideologías que comprende una minoría. Gane quien gane, el sector productivo tiene una tarea: ser interlocutor propositivo con el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial, y entender que la influencia legítima se gana con constancia y confianza. Las oportunidades históricas están servidas: Venezuela apunta a volver a ser el primer socio comercial del país, Guyana avanza hacia convertirse en el Catar de América y el hemisferio gana peso en la nueva geografía global. Ese momento exige liderazgos que construyan, no que amenacen. El proceso democrático de este domingo pertenece a Colombia, no a ningún candidato. Quien pierda deberá reconocer los resultados y liderar desde la oposición. Quien gane, gobernará para todos. El país no se incendia. El país se construye.