Responsabilidad penal juvenil

Una seguidilla de delitos violentos protagonizados por adolescentes -en rigor, nada nuevo en relación con lo que viene ocurriendo desde hace ya varios años- ha logrado activar la agenda legislativa para hacer frente a este flagelo social. Según lo anunciado, estas medidas se concentran, como siempre, en la respuesta punitiva: penas más altas, menos atenuantes, más cárcel. Así, entre los ejes que estaría trabajando el Ministerio de Justicia se encuentra, en primer lugar, la consideración de la reincidencia y, en el caso de ciertos delitos graves, la supresión de ciertas rebajas de pena que la ley concede por defecto a los menores de 18 años. También se propondría la posibilidad de trasladar a los menores condenados a dependencias especiales en los recintos penitenciarios de adultos, una vez que alcanzan la mayoría de edad. Un tercer eje radica en abrir la posibilidad de que, a partir de los 16 años, los adolescentes puedan quedar sometidos por decisión judicial a la legislación penal de adultos en relación con ciertos delitos graves.
Es un hecho indiscutible que la delincuencia juvenil ha evolucionado sustancialmente desde la elaboración de los modelos criminológicos clásicos a mediados del siglo pasado. Por diversas razones, cada vez más adolescentes aparecen integrando peligrosas bandas criminales y cometiendo delitos graves y extraordinariamente violentos. El inicio temprano de estas carreras criminales determina que no pocos jóvenes se conviertan en delincuentes habituales, avezados y profesionales bastante tiempo antes de cumplir los 18 años. En este contexto, algunos expertos plantean que la legislación sobre responsabilidad penal adolescente dictada en Chile hace casi veinte años ha quedado obsoleta, y no les falta razón. La multi-reincidencia juvenil, el caso frecuente y ampliamente conocido de adolescentes que han pasado diez o más veces por el sistema penal solo para salir cada vez más embrutecidos y volver a sus andanzas, es un ejemplo entre otros. Más allá de si se sabe o no con precisión dónde está el problema, es un hecho que el sistema no está funcionando.
Por eso, es una buena noticia que exista voluntad política de impulsar una renovación del derecho penal juvenil. Pero para que este impulso dé frutos y no se convierta en una causa adicional de inequidad, fractura social y enajenación, es crucial que los instrumentos punitivos vayan acompañados de un reforzamiento de las instituciones clave para la prevención -servicios de apoyo a niños y adolescentes vulnerables-, la persecución penal -jurisdicción especializada- y la reinserción social -jueces de ejecución de penas, Gendarmería y Servicio Nacional de Reinserción-. Algo de esto contendría la anunciada propuesta, así como dispositivos tendientes a fomentar y hacer efectiva la responsabilidad parental. Es fundamental que el proyecto de ley definitivo y su tramitación les asignen a estos aspectos la importancia que corresponde.
Hay que decir, sin embargo, que incluso los dispositivos propiamente punitivos del anunciado proyecto parecen, a primera vista y sin que se conozcan aún los detalles, algo mejor orientados que los de otras iniciativas. Se observa, en efecto, un esfuerzo consciente en orden a distinguir entre las diferentes realidades criminológicas, estableciendo un estatuto más riguroso para los jóvenes que cometen cierto tipo de delitos particularmente graves, asociados por lo general a bandas o crimen organizado. Si estas y otras distinciones se trabajan bien, la actualización del derecho penal juvenil podría dar en el clavo, concentrando las reformas y el rigor en aquellos casos en que, por sus características objetivas, podrían rendir más frutos. Cabe entonces hacer un llamado a los legisladores y expertos para que se involucren en este debate y, dejando atrás posiciones rígidamente ideológicas, populistas o anticuadas, colaboren en la materialización de una reforma urgentemente necesaria.