Por qué la desaprobación

La mayoría de los ciudadanos desaprueban la gestión de este gobierno y en esto coinciden los resultados de todas las encuestas. Es, además, el mayor nivel de desaprobación, a esta altura del período, que haya recibido cualquier gobierno en lo que va de este siglo. Solo una cuarta parte de los uruguayos están conformes.

Existe una falta de confianza y de apoyo al gobierno y, también, al Presidente, cuya aprobación y popularidad se ha reducido notoriamente en los últimos meses.

Pero, además, debe agregarse que, de acuerdo con las encuestas de opinión pública, la ciudadanía entiende que la actual situación económica de nuestro país es mala y no cree que cambie en el próximo año.

Entonces, ¿por qué se produce tal nivel de cuestionamiento o descontento ciudadano?

Sería una absurda simplificación, explicar esta situación por el episodio de la "camioneta del Presidente", aunque haya contribuido a agravar un escenario ya preexistente.

Sin embargo, esta situación se debe al evidente fracaso de la gestión del gobierno.

Es verdad que una parte de la explicación radica en el flagrante incumplimiento de las promesas de campaña. No hay que olvidar que el Frente Amplio en la campaña de 2024 no sólo cuestionó todas y cada una de las acciones del gobierno anterior, sino que prometió cambios sustanciales que han sido incumplidos.

En tal sentido, una de las causas más fuertes es el agravamiento de la situación de inseguridad.

Después de pasarse un año "planificando" la política de seguridad en vez de instrumentar un plan que, obviamente no tenían, transcurrido ya varios meses del final de la "planificación", la situación en materia de homicidios y control territorial de la delincuencia se encuentra en proceso de agravamiento.

El propio gobierno anuncia que han aumentado los homicidios en los últimos meses, lo que contrasta con una insignificante reducción que indebidamente había destacado como un logro del año pasado.

Ante ello se anunció con "bombos y platillos" que habría una incorporación de apoyo militar para combatir la inseguridad.

Fueron múltiples las versiones que expresaron diferentes jerarcas sobre en qué consistiría esa decisión. Quedó en evidencia la existencia de notorias divergencias en un punto que es muy sensible, por lo tanto, el anuncio se fue diluyendo hasta convertirse, aunque parezca mentira, en la simple incorporación de una docena de vehículos militares para aumentar el patrullaje. Nadie en su sano juicio puede creer que la situación de inseguridad mejorará porque se incorporen diez o doce vehículos para patrullar.

Para completar el panorama, el Ministerio del Interior agregó, además, que algunos de estos pocos vehículos no servirán ni siquiera para el patrullaje por no cumplir con características funcionales adecuadas.

A su vez, después de haber prometido durante la campaña electoral que se incorporarían dos mil efectivos policiales más, ahora se anuncia que recién en 2027 se ingresarán apenas trescientos y, mientras tanto, buscan demostrar que "llenar vacantes" preexistentes es lo mismo que aumentar la dotación de recursos policiales.

Por otra parte, tampoco se han cumplido las promesas de aumento de la inversión, que según se señaló, sería la "gran palanca" que impulsaría el crecimiento de la economía.

Todo lo contrario, la evolución del nivel de inversiones en nuestro país ha ido en retroceso y resulta muy difícil esperar un incremento significativo cuando el Gobierno da señales permanentes que van en sentido contrario.

Basta observar lo que está ocurriendo en nuestras dos vías principales de ingreso de importaciones y salida de exportaciones de nuestro país.

El Puerto de Montevideo que es, como ya sabemos, la principal vía de canalización del comercio internacional, ha sufrido en lo que va de este gobierno nada más ni nada menos que 21 días de paro, contra 12 ocurridos durante el período de gobierno de la Coalición. O sea que, en un año y pocos meses de gestión, la conflictividad en el Puerto se duplicó con respecto a los cinco años anteriores.

Por otro lado, el Aeropuerto de Carrasco, la otra puerta de entrada y salida del país, está inmerso en un conflicto sindical por la resistencia a la incorporación de una tecnología que, aunque ya está disponible, no se acepta su plena incorporación, generando todo tipo de afectación en la llegada y partida de vuelos, así como en la suspensión de itinerarios que terminan derivándose a otros aeropuertos de la región.

Si, además, agregamos que el movimiento sindical reclama con cada vez mayor fuerza la discusión de la reducción de la jornada laboral e impulsa normas que pueden afectar la motivación para contratar personal en las empresas de nuestro país, se completa un panorama muy refractario para la posibilidad de captar inversiones, único camino para que el empleo y el salario crezcan.

En definitiva, a nadie le puede extrañar, salvo a los más fanáticos, que la ciudadanía manifieste su desaprobación.

Pero lo más grave es que todavía quedan más de tres años.