La eficiencia prometida

A días del 28 de julio, el gobierno entrante de Keiko Fujimori ha hecho de la eficiencia estatal una promesa para sanear las cuentas públicas. Cabe preguntarse cuán viable es esta oferta. En el 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que la ineficiencia del gasto público peruano equivalía a 2,5% del PBI. Desde Videnza Instituto hemos actualizado ese cálculo para el 2025 con la misma metodología, que consiste en la suma de tres fuentes de ineficiencia: compras públicas, planilla estatal y transferencias mal focalizadas. Y esta asciende hoy a 3,3% del PBI, unos S/40.000 millones anuales, casi una quinta parte del gasto no financiero del gobierno general.Dos tercios de la ineficiencia (S/27.000 millones) provienen de las compras públicas. En particular, esta actualización mide la dispersión de precios registrada en el propio Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Así, el Estado paga en promedio 21% más por los mismos bienes frente a un precio de referencia de mercado. Además, la planilla añade S/7.000 millones por la prima salarial pública (el diferencial con lo que paga el sector privado) concentrada en los puestos de menor calificación. En tanto, las transferencias destinan otros S/6.500 millones hacia hogares no pobres, con las exoneraciones del IGV como el rubro más regresivo. Para dimensionar estos montos, lo que se pierde cada año supera todo el gasto público en salud.El plan de Fuerza Popular plantea topar el crecimiento del gasto corriente a la inflación, con recortes de S/2.000 millones en el 2026 y S/8.000 millones en el 2027. Estas magnitudes parecen alcanzables, ya que representan una fracción de la medición de ineficiencia realizada. Sin embargo, la viabilidad del esfuerzo enfrenta tres restricciones: i) la rigidez presupuestaria: S/9 de cada S/10 del gasto corriente están comprometidos en planillas, pensiones y obligaciones ineludibles, y un recorte nominal de esa escala en un solo ejercicio carece de precedentes; ii) el tiempo: los ahorros por eficiencia maduran en dos o tres años, no en el primer presupuesto; y iii) la política: un eventual ajuste del Ejecutivo será letra muerta mientras el Congreso siga aprobando por insistencia leyes con costo fiscal, que el Consejo Fiscal estima en varios puntos del PBI.De ahí que la primera batalla no sea presupuestal sino jurídica, y acaba de librarse un ?round? decisivo. El 10 de julio, el Tribunal Constitucional estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto (Exp. 00018-2023-PI/TC): los congresistas no pueden crear gasto que incida en el presupuesto anual ni a futuro, y todo proyecto con impacto fiscal deberá identificar su fuente de financiamiento y contar con un informe previo de sostenibilidad fiscal del MEF. Es el candado que reclamábamos, pero rige solo hacia adelante y no desmonta las leyes ya aprobadas. Corresponderá al nuevo Gobierno hacerlo valer: demandar bajo este nuevo criterio las normas más onerosas del quinquenio saliente y observar, sin excepción, las que vengan. Sin esa aplicación efectiva, cualquier esfuerzo de racionalización será insuficiente.En materia de compras públicas, en lugar de pretender modificar la ley de contrataciones del Estado por enésima vez, se debe ampliar la utilización de los convenios marco y usar la data del Seace para fijar precios de referencia vinculantes, con sanciones para la entidad pública que sobrepague. Repetir el caso chileno debiera ser una prioridad. Desde el 2003, ChileCompra centraliza las adquisiciones en una plataforma única que agrega la demanda mediante convenios marco y compras coordinadas. La reforma del 2023 redujo la contratación directa de 20% a 12,5% de los montos transados e introdujo la subasta inversa electrónica. Con ello, se han ahorrado cerca de US$1.200 millones entre el 2023 y el 2025, con una mejora de transparencia, ya que el sistema chileno publica periódicamente qué entidades pagaron por encima del precio de referencia de su propio catálogo.Estas acciones que se han propuesto en el pasado son perfectamente alcanzables. Lo que urge es voluntad política, capacidad técnica, integridad de los funcionarios a cargo y sanciones para los contratistas que petardean estas iniciativas. No podemos perder de vista que cada punto de ineficiencia es un hospital sin equipar, una escuela sin terminar y una ruta vial sin mantener. La promesa de un Estado eficiente es urgente; cumplirla exigirá menos anuncios y más acciones sobre los focos donde la ineficiencia está claramente medida.