Qué hacer ahora

Hasta 2013, nuestro país creció igual o más que el mundo, pero a partir de 2014 siempre se ha situado por debajo. La excepción fue 2021, estimulado por los retiros previsionales y el IFE. En este escenario, el proyecto de Reconstrucción, ya en su último trámite, tiene evidente sentido. Su principal logro es, quizás, el de dejar la tasa de impuestos a las empresas en el promedio de la OCDE. Con todo, es insuficiente para recuperar el crecimiento y el empleo, y por eso resultan necesarias nuevas iniciativas.
El Gobierno ha estado planteando una reforma al mercado de capitales. Las economías modernas, en efecto, requieren de un buen funcionamiento de ese mercado, pero las reformas del último tiempo en este ámbito no han sido transformadoras y su profundización se ha detenido. Hay, pues, un espacio significativo para impulsar cambios.
Entre 1990 y 2010, en tanto, el quantum de las exportaciones chilenas creció a un ritmo promedio anual de seis por ciento. Desde entonces, el ritmo se ha reducido a un uno por ciento. Los eventos mundiales han incidido, pero Chile también debe preguntarse qué reformas ayudarían a hacer más competitivas nuestras exportaciones. Una inversión bien pensada en infraestructura y cambios en regulaciones que mejoren la productividad de la cadena logística parecen indispensables. En un ámbito relacionado, ciertos indicadores sugieren que la intensidad competitiva de la economía no es la de antes, ralentizando la reasignación de recursos desde empresas y sectores menos productivos hacia aquellos que lo son más. Las reestructuraciones en caso de insolvencias siguen siendo engorrosas y lentas, contribuyendo a esta situación.
A su vez, el inadecuado balance entre las aspiraciones por un mayor bienestar material y el cuidado del medio ambiente debe corregirse. Aquí no solo existe un problema de lentitud en los permisos, corregida en parte por reformas en el gobierno anterior y en la propia Ley de Reconstrucción, sino también decisiones que parten desechando la necesidad de equilibrio entre los dos propósitos mencionados. No se puede desconocer que a esto contribuye un Estado anquilosado y a menudo incapaz de evaluar los valores en juego. Se requiere, entonces, un Estado más ágil y conectado con la ciudadanía.
El mal funcionamiento de nuestro mercado laboral comienza a instalarse en la agenda, pero es difícil de abordar políticamente, porque sus reformas suelen percibirse como juegos de suma cero. Sin embargo, un mercado del trabajo más flexible supone ganancias relevantes para los trabajadores. Una agenda procrecimiento más amplia tampoco puede olvidar la importancia de incorporar a toda la población en este esfuerzo. Para ello se requiere una política social renovada, que acompañe con programas efectivos a quienes queden rezagados, en lugar de los múltiples programas imprecisos de la actualidad. Un ejemplo de estos últimos es la inefectividad de nuestra política de capacitaciones.
El Gobierno debe articular una agenda de estas características con agilidad y movilizarse coordinadamente para salir de la trampa de los ingresos medios en la que nos encontramos.