La IA y la justicia

La semana pasada, el Tribunal Constitucional sancionó disciplinariamente a una abogada por incluir en un escrito un conjunto de citas y referencias inexistentes, probablemente como resultado del uso irresponsable de inteligencia artificial (IA). A comienzos de este año había ocurrido un hecho similar ante la tercera sala de la Corte Suprema, donde una profesional había citado como autoridad, entre otras, obras inexistentes de uno de los ministros que estaba integrando el tribunal. La Corte también impuso a esta abogada una sanción disciplinaria por violación de la buena fe procesal, aludiendo en este caso explícitamente al uso responsable de la IA. Es destacable y positivo que los tribunales hayan impuesto estas sanciones, estableciendo así un estándar mínimo de conducta que no puede ser ignorado.
Sin embargo, todo hace pensar que estos casos grotescos son solamente la punta del iceberg y que el uso de la IA generativa está llamado a transformar, también en esta dimensión ética, el ejercicio de profesiones como la abogacía. Es importante no caer en el error de minimizar o quitar importancia a esta dimensión. Es evidente que quienes utilizan en forma irresponsable la IA usualmente no persiguen que sus escritos contengan referencias a textos inexistentes o citas manifiestamente sacadas de contexto, entre otras razones, debido a las desventajas que estos errores pueden tener para el éxito de su causa. Pero esta dinámica es característica de todo uso irresponsable de herramientas tecnológicas, desde la conducción de vehículos motorizados hasta la manipulación de juguetes peligrosos como los drones. Nadie busca resultados negativos o inconvenientes, pero la inconsciencia respecto del riesgo que se crea o su manejo descuidado en perjuicio de otros son igualmente reprochables. En el caso de la litigación, la destrucción del valor de los escritos judiciales y de las alegaciones de los abogados perjudicaría tanto a la administración de justicia como a quienes dependen de sus decisiones. El abogado cumple una función crucial al presentar técnicamente los puntos de vista favorables a su cliente, de modo que el tribunal pueda adoptar una decisión habiendo conocido la mejor versión del caso de cada una de las partes. Devaluar o desfigurar esta función solo redundará en mayores costos y en una menor calidad de la justicia. En el caso de quienes se desempeñan como jueces o, en general, participan en el sistema jurídico desde la función pública, la responsabilidad es aún mayor, debido al poder que ejercen y los efectos de sus actos sobre los demás ciudadanos.
La Academia Judicial, algunos estudios jurídicos y recientemente también el Colegio de Abogados han formulado directrices para el adecuado uso de la IA, con criterios que conviene aprovechar y perfeccionar a la luz de la experiencia. Un rol importante cabe también en esto a las numerosas facultades de Derecho del país; por un lado, fomentando que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para que el uso de la IA aporte realmente valor al servicio profesional que prestarán -lo cual implica necesariamente restringir su uso durante los estudios- y, por otro, entrenándolos en las mejores prácticas para el uso de esta valiosa herramienta.