Producción con ‘fracking’ no está a la vuelta de la esquina

El anuncio político puede ser inmediato. La producción, no. Por ello la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, ha señalado que la reactivación de este tipo de proyectos podría tomar entre dos y tres años, debido a los procedimientos que todavía deben cumplir las compañías antes de llegar a la etapa productiva. Uno de los principales puntos es el licenciamiento ambiental. Los proyectos deben presentar estudios y someterse a la evaluación de la autoridad ambiental competente, la Anla, cuando corresponda. A esto se suman los procesos de participación y las consultas previas cuando se determine que existe una afectación directa a comunidades étnicas.
Desde antes de la posesión, la nueva administración anunció su intención de reactivar la exploración de crudo en yacimientos no convencionales como una de las alternativas para enfrentar la situación energética del país. Pero entre anunciar la reactivación y tener un pozo produciendo hay varios pasos, esto pese a que el sector ha dado todo el respaldo a la iniciativa. Aunque Colombia no tiene una ley que haya prohibido el fracking y conserva las normas técnicas que regulan esta actividad, las empresas que quieran desarrollar proyectos deberán cumplir con los procedimientos ambientales, obtener las autorizaciones correspondientes y adelantar consultas previas cuando exista una afectación directa a comunidades étnicas. El escenario, además, tiene un frente político abierto. Antes de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking. Es decir, el nuevo Ejecutivo parte de una regulación que permite la actividad, pero encuentra en trámite una iniciativa que busca cerrarle la puerta por vía legal. El país construyó desde 2013 un marco específico para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Uno de los pilares es el Decreto 3004 de 2013, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. La norma estableció los criterios y procedimientos para este tipo de proyectos. Un año después se expidió la Resolución 90341 de 2014, que fijó los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad para realizar fracturamiento hidráulico multietapa en perforaciones horizontales. Ese conjunto de normas enfrentó posteriormente una batalla judicial. El Consejo de Estado había suspendido provisionalmente algunas disposiciones, pero en julio de 2022 negó las pretensiones de una demanda que buscaba anular el Decreto 3004 y la Resolución 90341. Con esa decisión, el marco regulatorio quedó vigente. Por eso, una de las primeras precisiones para entender el anuncio del nuevo Gobierno es que el fracking no necesita ser legalizado nuevamente. El Gobierno de Iván Duque había intentado avanzar en esa dirección mediante los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). El Decreto 328 de 2020 estableció las condiciones para desarrollar estos pilotos, concebidos como fase para obtener información científica, técnica, ambiental y social sobre los yacimientos no convencionales. En ese proceso aparecieron los proyectos Kalé y Platero, previstos en Puerto Wilches, Santander. Para los pilotos, sin embargo, la Corte Constitucional estableció en 2023 la necesidad de garantizar el derecho a la consulta previa de comunidades que pudieran resultar directamente afectadas. Jaime Checa, experto en hidrocarburos, considera que parte de la discusión pública se ha construido alrededor de información que no siempre diferencia entre las primeras experiencias de la técnica y las herramientas utilizadas hoy. Para el experto, la industria ha incorporado mecanismos para identificar y reducir los impactos del método tradicional: "Precisamente porque esta es una industria que necesita avanzar rápidamente, a nadie le conviene que encuentren un problema ambiental, una fuga, un problema de contaminación, porque inmediatamente van a parar la operación", señaló. Checa destacó el cambio en el acceso a la información. Se pasó de un mundo en el que se compartía poca información al mundo de los no convencionales hoy, donde la mayoría de la información es pública. El experto sostiene que el país dedicó esfuerzos a construir el marco normativo, pero que el paso siguiente consiste en aplicarlo y evaluar su funcionamiento en proyectos concretos. "Nos enfocamos en hacer regulación, pero no hemos hecho el trabajo", señaló. Su propuesta es comenzar el proceso y, de manera paralela, revisar si la experiencia demuestra que deben hacerse modificaciones. "Hay que arrancar. Y eso es un proceso que se va haciendo como en paralelo. Vamos mirando si, en la medida que vamos trabajando, necesitamos hacerle algún ajuste a la regulación o no", explicó. Según Checa, "la regulación colombiana se ha tomado como ejemplo en Argentina, en Brasil, en otras partes; han visto cómo es ese proceso que siguió Colombia para hacer su regulación", dijo. El debate también pasa por el uso del agua y las emisiones. Checa sostiene que "estamos yendo hacia sistemas donde el agua se reutiliza y se recicla, estamos yendo hacia sistemas que cada vez usan menos agua".