Diputada del FA realizó trámites como arquitecta ante Catastro; colorados señalan "infracción constitucional grave"

La diputada frenteamplista Ana Laura Melo, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP), habría realizado varias intervenciones en negocios como arquitecta desde que asumió su banca en febrero de 2025, según señala una respuesta de un pedido de acceso a la información al que accedió El País realizado por Augusto Alcalde, dirigente colorado que fue director nacional de Catastro durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según la información proporcionada por la gestión actual del organismo, encabezada por Andrés Recalde, la legisladora presentó 17 declaraciones juradas de caracterización urbana desde marzo de 2025 a la fecha, paralelamente a su actividad parlamentaria.

En diálogo con El País, Alcalde afirmó que esto "representa una infracción constitucional grave" y conlleva "la pérdida automática de la banca", con base en un "incumplimiento" al artículo 124 de la Constitución y el Código de Ética en la Función Pública (Ley N° 19.823), la llamada "ley cristal".

Este artículo establece que senadores y diputados tienen prohibido "tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados", así como "intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado" u otros órganos públicos.

"La inobservancia de lo preceptuado", de acuerdo a lo dispuesto en este punto de la Constitución, implica "la pérdida inmediata del cargo legislativo".

Mientras tanto, el tercer inciso del artículo 9 del código prohíbe "tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista".

Según Alcalde, también arquitecto de profesión, esto es una cuestión "jurídica y ética". "Tuve algunas apariciones públicas con el caso (Rodrigo) Arim, con el caso de (Cecilia) Cairo y también con el de (Yamandú) Orsi. En este caso puntual, me llegó la información de que había una diputada por Flores que estaba presentando declaraciones juradas. De la misma manera que yo siendo profesional no hice una sola declaración jurada de caracterización urbana cuando fui director, considero que eso es el deber ser. Hay que saber separar los roles", explicó.

En ese sentido, aseguró que "crispa" cómo estos hechos "se naturalizan", al parecer que "son cosas menores", cuando "no lo son". Otro aspecto que señaló, según lo indicado en la respuesta al pedido de informes presentado en marzo de 2026, es que los trámites están "bastante espaciados en el tiempo".

"A partir de más o menos la fecha en que yo pedí el acceso, mágicamente se dejan de presentar declaraciones juradas, que no sé si es casualidad o es porque informaron que alguien había hecho ese pedido", comentó. Según la respuesta del pedido, la última declaración es del 19 de marzo de este año.

Sin embargo, Alcalde indicó que "ella no tendría ningún impedimento si actuara como profesional en su casa o en muebles que son de su propiedad", pero "en este caso, por la cantidad, es bastante imposible que eso sea así".

El exjerarca sostuvo que "estas cuestiones están tan naturalizadas que ni siquiera se les presta atención" y que "cuando salga la nota va a haber gente que lo considere como algo menor", pero "la falla es un incumplimiento de las leyes, en definitiva".

Consultada por El País, la diputada Melo dijo que tiene "muy bien estudiadas" sus "incompatibilidades como arquitecta" y aseguró que ella está "impedida de trabajar para el Estado o para cualquier organismo del Estado".

"En el caso de las declaraciones juradas de caracterización urbana, a mí me contrata un cliente particular que va a hacer una transacción con su inmueble y la facturación de esas caracterizaciones urbanas están a nombre de mi cliente. Es lo mismo que si yo presentara un permiso de construcción para una vivienda o cualquier tipo de construcción ante una intendencia o ante el BPS (Banco de Previsión Social). Son mis clientes particulares", describió.

"Parte de mi actividad sí es presentar ante los organismos que corresponda sus permisos, sus declaraciones juradas, todo lo que mi cliente requiera. O sea, sí o sí el trabajo profesional está vinculado a organismos del Estado, pero no trabajando para el Estado ni para ningún ente", agregó.

Melo, quien enfatizó que se asesoró previo a asumir, aseguró que está "a disposición" en caso de que exista "información distinta o alguna versión encontrada" al respecto.

La Dirección Nacional de Catastro cuenta con una base de datos con referencias a los números de padrón de todos los inmuebles del país, según explicó Alcalde.

Las declaraciones juradas de caracterización urbana se presentan en "momentos clave de la vida de ese padrón" y sirven para actualizar la información del organismo. Ejemplos de esto pueden ser cuando se tramita un permiso de construcción o se vende la propiedad. En este caso, el dueño contrata a un técnico, que puede ser arquitecto o ingeniero agrimensor, para realizar el trámite, que tiene un costo por lo general no menor a los $ 4.000 y que, según la complejidad, puede llegar a los $ 15.000.

El artículo 124 de la Constitución fue parte del debate político cuando desde el Frente Amplio se apuntó contra el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, denunciado por presentar un escrito en Fiscalía como abogado.

"Ahora queda en evidencia la persecución política", dijo ahora Ojeda a El País.