Repercusiones del juicio contra Meta
El caso es ilustrativo de la preocupación por las redes sociales y su impacto, pero también deja preguntas abiertas.
La empresa Meta -dueña de Instagram y Facebook, entre otras plataformas- llegó a un acuerdo con 29 estados de EE.UU. en el juicio que estos habían entablado en su contra, acusándola de favorecer la adicción de menores de edad a esas plataformas. El acuerdo la obliga a pagar a aquellos hasta 18 mil millones de dólares en los próximos 10 años -el juicio se había entablado por un monto aproximado de 200 mil millones- y a realizar una serie de modificaciones en la operación de las aplicaciones. Entre los muchos cambios convenidos, Meta -que no admitió dolo en su actuar- deberá aceptar que se audite periódicamente su sistema de verificación de edad de los usuarios, e impedir que estos tengan múltiples cuentas para evitar ser detectados. A su vez, los menores de edad no tendrán acceso a gran parte de las características de las plataformas durante la noche, y no podrán recibir notificaciones durante las horas de colegio. Solo podrán usar las plataformas por un máximo de una hora al día (que no incluye el envío de mensajes o la lectura de contenidos más largos) y, además, Meta deberá interrumpir el scrolling cada 15 minutos, para sugerir al usuario "pausas productivas". Asimismo, por defecto, los menores no podrán ver el número de likes que reciban ni las reacciones a sus posteos. Aun así, la empresa no está obligada a dejar sus recomendaciones algorítmicas, que para muchos constituían el corazón de la adicción.
Esto no finaliza los problemas que enfrenta la compañía, pues hay una serie de otros juicios, entablados por personas individuales o colegios, que siguen su curso. A pesar de ello, esta se manifestó satisfecha con el acuerdo, al lograr acotar las restricciones y los límites que se le impondrán, estableciendo así un estándar que espera también se aplique a otras compañías. Adicionalmente, y para mostrar su voluntad de restablecer una mejor relación con la ciudadanía, está implementando el acuerdo con energía.
Este caso ilustra las importantes herramientas que las instituciones norteamericanas le entregan a la población, en este caso por medio de las fiscalías estatales, para enfrentar a una empresa trillonaria como Meta, a la que se le imputa desarrollar un modelo de negocio que aprovecha la vulnerabilidad de sus usuarios. También es indicativo de la profunda preocupación que se ha venido instalando respecto de los impactos que generaría el uso intensivo de las redes sociales por parte de menores de edad. Con todo, subsiste una reflexión y una duda: el que los jóvenes utilicen intensivamente las plataformas de Meta sin haber sido forzados directamente a ello, ¿es solo responsabilidad de la empresa? ¿Los usuarios, o los padres de los usuarios, no tienen ninguna? ¿Los influencers que los inducen a hacerlo, tampoco? El debate al respecto parece incompleto, si la responsabilidad se centra únicamente en la compañía, solo porque ella parece ser el eslabón con más recursos en todo el proceso.