Trump y América Latina

Lo que diferencia a Trump de otros mandatarios que aplican la coerción en la diplomacia es que dispone del poder de la primera potencia del mundo y lo ejerce conforme a los lemas de sus dos campañas: "Hacer América grande de nuevo" (MAGA, en inglés) y "América primero".
En este segundo mandato, a diferencia del primero, se encontró con un continente cuyos gobiernos mayoritariamente comparten los principios y valores de Estados Unidos, como no había ocurrido en décadas. A la vez, se trata de un hemisferio en paz, desnuclearizado y en democracia, con las excepciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, esta última hoy en una situación de especial influencia de EE.UU.; ninguno de esos tres gobiernos dictatoriales es capaz de atraer o influir en otros países como sucedió durante los liderazgos del castrismo y, más adelante, del chavismo. Mención aparte son Brasil y México, recelosos de la influencia de Washington. Así, surgen condiciones excepcionales para la cooperación latinoamericana con Norteamérica.
Con todo, la buena disposición no basta frente a legítimos conflictos de intereses que se deben resolver por la vía de la negociación, siendo esta asimétrica, por el superior poder de EE.UU., agravado por la diplomacia coercitiva y el proteccionismo de la administración Trump.
Como sea, aprovechando las referidas convergencias, Washington ha lanzado dos iniciativas en materia de seguridad: el "Escudo de la Américas" y, más recientemente, la "Coalición de las Américas contra los carteles". El Escudo apunta a fortalecer la cooperación militar y de seguridad del hemisferio, principalmente contra carteles de drogas, crimen organizado transnacional, tráfico de personas y otras amenazas a la seguridad. A su primera cumbre, el 7 de marzo pasado, asistió, en su condición de Presidente electo, José Antonio Kast. La reunión congregó en Miami a representantes de 18 países.
La segunda iniciativa en materia de seguridad, la "Coalición de las Américas contra los carteles", lanzada hace tres semanas, con componentes operativos y militares, fue presidida por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, con la participación de 19 ministros de Defensa de la región; entre ellos, el chileno, Fernando Barros.
En las iniciativas militares norteamericanas se advierte un claro interés de lograr cooperación y compromisos en materias de seguridad, aunque poco se sabe de sus alcances, de las aspiraciones de EE.UU. y de las posiciones de Chile y de los otros países latinoamericanos.
Antes y después de los mencionados acuerdos, se han realizado intervenciones militares estadounidenses, partiendo por la captura, en enero, de Nicolás Maduro; el hundimiento de más de 20 lanchas rápidas que trasportaban cocaína en las costas de Venezuela, Ecuador, Colombia y en el Caribe, causando cerca de 200 muertos (los dos últimos hundimientos fueron la semana pasada); la muerte del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, en una operación conjunta de fuerzas venezolanas y norteamericanas, el pasado 19 de abril, y finalmente, el acuerdo de la semana pasada entre Colombia y EE.UU. para realizar operaciones militares.
Además de la discrepancia entre Washington y algunos países latinoamericanos por la política respecto de China, el mayor conflicto en curso deriva del alza de aranceles, incluso para naciones suscriptoras de tratados de libre comercio, como Chile. Se desconocen las propuestas norteamericanas y chilenas en la negociación en curso, y no se descarta que EE.UU. aproveche su asimétrico poder para incluir otras materias.
Inestabilidad en BoliviaLa aprobación del Presidente Rodrigo Paz luego de nueve meses de gestión se ha reducido desde el 90% al 25%, ante su indecisión para gobernar, como se demostrara en los 53 días en que La Paz estuvo sitiada por organizaciones sindicales, que se retiraron solo cuando se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, y se acordaron aumentos salariales y la renuncia a su promesa de privatizar empresas.
En medio de ese cuadro, Paz logró un acuerdo con el FMI, por US$ 1.900 millones, condicionados, entre otras materias, a reducir el gasto público y los subsidios a los combustibles, aunque esto limitado a las grandes empresas.
Surge entonces el caso de Fernando Cerimedo, oscuro asesor argentino del mandatario, actualmente detenido por "intento de feminicidio" de una expareja, Nadia Beller, herida por tres balazos de sicarios contratados, según ella, por Cerimedo.
Desde una clínica, Beller amenaza con revelar hechos delictivos de Cerimedo y casos de corrupción en que participaría la familia del Presidente, y en especial su cónyuge.
El mandatario tardó 10 días en reaccionar, haciéndolo finalmente en un video en que sostiene que Cerimedo solo fue asesor de su campaña, sin vinculación posterior con el gobierno. Sin embargo, los medios han publicado fotos y videos que mostrarían que el Presidente miente. El vicepresidente y exministros ratifican que el asesor, ahora en prisión, participaba en las reuniones de gabinete y daba órdenes.
Una encuesta de un sitio informativo dice que más del 80% de la población no le cree al Presidente. Editoriales y observadores anticipan que este podría ser su fin. La mayoría de la Asamblea Legislativa Nacional y el vicepresidente se han transformado en férreos opositores, habiendo ya logrado la destitución del ministro de Economía y Finanzas.