¿Ir al Fondo para salir del hoyo?

RICARDO ÁVILA PINTO Ravilapinto
ANALISTA SéNIOR
Las citas con las autoridades colombianas ya están agendadas y el itinerario definido. A menos que ocurra un imprevisto serio, la próxima semana estará en Bogotá una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará al territorio nacional en medio de una coyuntura muy compleja. No se trata de una visita extraordinaria, sino de carácter regular. Cada año, aquí y en otras latitudes, se repite un ejercicio que comprende mirar cifras, recabar opiniones e intuir hacia dónde va el gobierno de turno y, en particular, uno que acaba de comenzar. Volver a tender puentes con el organismo multilateral al que están vinculadas 191 naciones no es un tema menor para Colombia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, las relaciones se deterioraron, lo cual se expresó a finales de abril del año pasado en la suspensión del acceso a la línea de crédito flexible que el FMI les extiende a aquellas economías que considera mejor manejadas. Durante la pandemia haber contado con la posibilidad de usar esos dineros fue muy útil. En 2020, el Fondo desembolsó 5.400 millones de dólares que sirvieron para financiar los gastos extraordinarios, derivados de la emergencia sanitaria. Dicho lo anterior, cuando hace unos meses se giró el último contado para cancelar la totalidad de la obligación, Gustavo Petro señaló en X que "Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores". Lo que no recordó es que en septiembre de 2025 la entidad señaló en un comunicado que "la política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de ‘muy sólido’ ". Para quien en aquel momento supo leer entre líneas, el mensaje era evidente. De ser uno de los alumnos que mejor se comporta de la clase, al honrar puntualmente sus obligaciones y mantener la casa en orden, pasamos a la categoría de problemáticos. Al tablero Todo ello sería anecdótico de no ser porque ahora llegó el momento de sincerar las cuentas. Tras la aprobación esta semana del monto total del llamado "presupuesto de la verdad", tasado en 635 billones pesos para 2027, sigue pendiente la explicación de cómo se va a cerrar un desequilibrio en las cifras estatales que se encamina a ser el más abultado en más de un siglo, como proporción del tamaño de la economía. Según lo prometido por la administración, a comienzos de octubre se presentaría un paquete de recortes encaminado a disminuir parcialmente un saldo en rojo que el próximo año podría superar los 201 billones de pesos en caso de no hacerse nada, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Aparte de ello, esta semana fue radicado un proyecto de ley que le daría facultades extraordinarias al Ejecutivo para fusionar entidades y racionalizar el gasto. Aun si se saca el bisturí, la cuesta se ve muy empinada. Más allá de las promesas de enmendar la plana, los interesados desean examinar los detalles precisos de la propuesta. Que hay cierta incredulidad en el ambiente sobre lo que se pueda conseguir fue algo que quedó claro en los últimos días después de que varios integrantes del equipo económico, encabezados por el ministro de Hacienda, estuvieron en Nueva York hablando con banqueros y fondos de inversión. Aunque se reconoce que existe propósito de enmienda, más de uno quiere "ver para creer", a sabiendas de que el espacio para hacer una cirugía mayor es limitado. Los mercados reflejan esa impresión. En el último mes, las tasas de interés de los bonos de tesorería, TES, han mostrado tendencia al alza. Puede no ser la única causa, pero el comportamiento de esos papeles se interpreta como una señal de que hay ahora una mayor percepción de riesgo en comparación con los días que siguieron a la elección de Abelardo De La Espriella. De ahí que se escuchen voces respecto a que Colombia requiere un espaldarazo explícito. Una opción que está sobre la mesa es la de entrar en conversaciones formales con el Fondo Monetario, algo que puede conducir a recursos frescos o simplemente a un certificado de buena conducta. No sería la primera vez que la entidad multilateral nos da una mano. En 1985, siendo presidente Belisario Betancur, se formalizó un mecanismo de monitoreo con el FMI para que este siguiera de cerca el comportamiento de la economía, lo cual destrabó la contratación de un crédito sindicado con un puñado de bancos privados, especialmente estadounidenses. Década y media después, en 1999, se suscribió un acuerdo extendido con el organismo, que derivó en un proceso de ajuste y reformas. En aquel entonces, la mezcla de un déficit fiscal creciente y uno externo condujeron a solicitar un préstamo cercano a los 3.000 millones de dólares que acabaría pagándose sin demasiados sobresaltos. Alguien que estuvo directamente en el proceso afirma que "nos ayudaron mucho". Por ejemplo, en el caso del Banco de la República, las conversaciones sirvieron para que la entidad adoptara un sistema de tipo de cambio flexible y la inflación objetivo como norte, algo que puede sonar abstruso pero que condujo a hacer más efectiva la política monetaria y preparó el repunte observado poco después de que comenzar el siglo XXI. Claramente las cosas son muy distintas en la actualidad. Si en el pasado era más fácil aislarse de lo que pasaba afuera, en el presente el país está en el radar los inversionistas y las reacciones a cualquier salida en falso ocurren en tiempo real. Aparte de ello, las cantidades involucradas son de otro orden. Hace cuatro décadas, la tranquilidad volvió con el desembolso de un préstamo por mil millones de dólares que recibió el nombre de "Jumbo", equivalentes a algo más de 3.000 millones en plata de hoy. En contraste, el saldo de la deuda pública al cierre de julio fue de 1.160 billones de pesos y las contrataciones netas adicionales que se requerirían el año que viene serían del orden de 150 billones de pesos, de los cuales dos terceras partes se conseguirían internamente y el resto por fuera. Como se trata de más de 48.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, cualquier punto porcentual que se logre reducir en costos financieros se traduciría en menos intereses por girar. Para lograrlo, el reto consiste en despertar confianza. Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero no está de más recordar que Colombia paga más del doble que Chile o Perú en los bonos públicos que emite. Esa es la prima que se debe sufragar debido a desequilibrios cada vez más inquietantes. Debido a estar inmersos en un círculo vicioso, en el cual hay que conseguir más recursos para tapar un agujero fiscal que aumenta en tamaño, a mediano plazo la situación será insostenible. Basta con tener en cuenta que en el escenario más ácido que plantea el Carf, el giro de intereses llegaría a casi 105 billones de pesos en 2027, lo que equivale al 35 por ciento de los ingresos tributarios. Es decir, más de uno de cada tres pesos de lo que se recauda por impuestos se irían por esta vena rota. ¿Por dónde? Aplicar un torniquete para detener el desangre es imperativo. Nadie pone en duda que los excesos de la administración Petro, que repartió partidas a diestra y siniestra y disparó los contratos de prestación de servicios, son responsables del deterioro. En consecuencia, dicen los más optimistas, si se hacen las economías del caso, en el camino se irán arreglando las cargas. El problema es que el margen de maniobra es mucho más limitado de lo que se cree, por cuenta de la conocida inflexibilidad del presupuesto. Esta consiste en que más del 90 por ciento del plan de gastos anual del gobierno de turno ya tiene destinatario asignado cuando comienza la discusión presupuestal. Ese es el motivo por el cual cualquier anuncio respecto a un tijeretazo de marca mayor es recibido con escepticismo. Lo anterior no quiere decir que haya que cruzarse de brazos. Cualquiera que haya trabajado en una entidad pública sabe que existen erogaciones innecesarias o duplicación de funciones. Sin embargo, un proceso de adelgazamiento no da resultados de la noche a la mañana. Tanto la Ocde como la Unión Europea aplican una metodología de revisión de gastos que puede servir mucho, pero que requiere levantar la información, hacer la evaluación y aplicar recomendaciones que pueden llegar a ser antipáticas. Cada nación es única, pero uno de los ejemplos más usados en tiempos recientes para decir que la terapia de choque funciona es el de Argentina bajo Javier Milei. Según un instituto con sede en Buenos Aires, los ahorros en los primeros 26 meses de gobierno ascendieron a 67.000 millones de dólares, equivalentes al 10 por ciento del producto interno bruto del país austral. Replicar algo del mismo estilo en Colombia no suena tan sencillo. Aquí los ingresos estatales son relativamente más bajos y existen rigideces de orden constitucional que maniatan al Ejecutivo. Es por ello que muchos economistas insisten en que se deberían buscar nuevas fuentes de recursos. Habría espacio para hacer algo en ese sentido. En el país las empresas pagan más impuestos que en buena parte de la región latinoamericana y las personas mucho menos. Es cierto que grupos de asalariados han sentido un fuerte apretón en los últimos años, pero los profesionales independientes u otros trabajadores contribuyen relativamente poco. Equilibrar las cargas es, al fin de cuentas, una decisión eminentemente política. En tal sentido, la administración De La Espriella ha enviado señales inequívocas de que no hará mucho en esa dirección, pues sabe que cualquier movimiento que toque a la clase media sería muy impopular. Abrir la caja de Pandora de los impuestos resulta muy riesgoso en un país polarizado. Sigue fresco el recuerdo de lo que pasó a comienzos de 2021, cuando el gobierno de Iván Duque hizo una propuesta que acabó siendo saludada por los técnicos, pero que desembocó en paros que fueron la antesala de la llegada de Gustavo Petro al poder. No obstante, los números son los números. Como le pasa a cualquier individuo al que se le desordenan sus finanzas, Colombia no tiene más opción que aconductarse y pedir la ayuda de los especialistas que la pueden aconsejar. Es ahí donde la opción del Fondo Monetario Internacional merece considerarse. Por ahora la misión que estará en Bogotá tiene más de carácter rutinario que de especial. Pero es incuestionable que la información que recabe servirá mucho si el Ejecutivo da el siguiente paso y hace una petición formal de asistencia. Cualquier especulación sobre si el Gobierno irá más o menos lejos resulta prematura. Lo importante es entender que hay un abanico amplio de opciones, algunas más estrictas que otras. Como sucede en la medicina, en el FMI hay fórmulas para dolencias distintas con siglas como LPL, SCR o ASB, que dependen del diagnóstico y de la condición del paciente. Por ejemplo, Ecuador tiene un programa vigente —SAF, o Servicio Ampliado del Fondo— que le permitió acceder a 5.000 millones de dólares en 2024, con un plazo de 48 meses. Otros hablan de iniciativas audaces. Por ejemplo, el exministro Mauricio Cárdenas dijo esta semana que, en lugar de acudir al organismo multilateral como última instancia, se podría lograr con rapidez el desembolso de una línea de crédito que faculte recomprar títulos que se emitieron a tasas exorbitantes. "Pida 20.000 millones de dólares y los usa para cambiar deuda cara por más barata", señaló. "Reducir lo que se paga por intereses sería absolutamente indoloro: eso es lo que se tiene que hacer", puntualizó. Propuestas aparte, el mensaje central es que al gobierno actual le serviría mucho un respaldo explícito a su estrategia por parte de un tercero con autoridad y credibilidad. Y aunque puede tocar otras puertas, como la de los bancos comerciales o el tesoro el estadounidense, abrir la del FMI —así haya controversia— no le queda difícil si de lo que se trata es de salir del hoyo fiscal en que se encuentra.