Los drones y el crimen organizado

Jorge Restrepo
Los grupos del crimen atacan cada vez más a la fuerza pública con explosivos lanzados desde vehículos aéreos no tripulados, que aquí llamamos drones. Eso nos lleva a la idea fácil de que estamos librando una batalla cada vez más intensa por el control del ‘territorio’. Las imágenes e historias de Ucrania en su defensa contra la agresión rusa, la práctica en el uso de drones que mercenarios de origen colombiano hacen allá, el bajo costo de comprar estos dispositivos y el reclutamiento de menores para operarlos nos hacen ver la situación como si aquí existiera, como allá, una guerra de posiciones, una disputa territorial. Es cierto que el número de ataques con drones ha aumentado significativamente: en CERAC hemos contado 171 eventos con explosivos lanzados desde drones desde julio de 2024, con un crecimiento sostenido desde comienzos de este año y un pico en agosto, con 32 ataques. Este nivel de casos detectados es, sin embargo, una fracción de los casos que la propia fuerza pública ha mencionado que ocurren en su contra, tal vez porque la mayoría de esos casos no son ataques sino sobrevuelos para intimidar, para obtener información que le permita operar al narco y para llevar a la fuerza pública a limitar su movilidad ante la posibilidad de un ataque. Como en otras formas de terrorismo, lo más difícil es encontrar medidas eficientes para reducir los ataques con drones. La opción del anterior gobierno fue buscar, comprar y desplegar costosas contramedidas que resultaron impagables dada la situación fiscal. La aparición de nuevas técnicas como el uso de cables de fibra óptica para controlar los aparatos (de lo cual hay evidencia en unos pocos casos) muestra que los grupos criminales adoptan tecnologías baratas para hacer aún más inefectivas esas capacidades. En medio de la opacidad que caracterizó las compras de seguridad en la anterior administración, según información periodística, algunos equipos comprados no pasaron pruebas técnicas y en la mega compra del ‘escudo antidrones’ no hubo oferentes que cumplieran con los requerimientos que pedía el anterior gobierno. Siquiera. Como en toda carrera armamentista, la fuerza pública mejor haría en desarrollar -no comprar- contramedidas. Eso le permitiría minimizar la obsolescencia y adaptarse rápido a las innovaciones de sus agresores, comenzando por la adopción de métodos de control semiautónomos, basados en modelos de inteligencia artificial y detección aérea, montados en los propios drones. No se trata de usar robots de ataque para matar, sino robots para la defensa. El sector de tecnología, investigación y desarrollo colombiano cuenta con capacidades para adaptar y desarrollar esas contramedidas, similares a las que ya se usan en Ucrania. Una competencia de desarrollo abierta despejaría la opacidad. Más efectivo es lograr la captura de los criminales que hacen terrorismo, llevarlos con éxito ante los jueces y ponerlos en prisión efectiva. Eso cuesta una fracción de cualquiera de las alternativas.
Director, CERAC.