Barrios narco

El 29 de setiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Senado, el ministro del Interior, Carlos Negro, aceptó sin reservas la definición de control territorial criminal de Naciones Unidas: "Se ha dado una definición de las Naciones Unidas, que comparto". Horas después, ante las cámaras, fue terminante al sostener que "En el territorio uruguayo gobierna el Estado". Las dos frases no pueden ser ciertas a la vez. Y la que sobra es la segunda.

Empecemos por el documento que el Ministro debería conocer mejor que nadie, el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, elaborado por su propio gobierno. Al describir nuestra situación de narcotráfico, el Plan afirma que sus efectos alcanzan "los homicidios, la extorsión, el control coercitivo de barrios, la corrupción y el debilitamiento de la legitimidad del Estado". No lo dice la oposición, lo dice el Poder Ejecutivo, por escrito. Si hay "control coercitivo de barrios", en esos barrios no gobierna solo el Estado.

El ministro buscó una salida al decir que lo que "califica una zona como liberada" sería la extorsión, el cobro de peajes a vecinos y comerciantes. Sin extorsión sistemática probada, no habría zonas liberadas. El problema es que Naciones Unidas no dice eso.

El World Drug Report 2025 de UNODC describe a las organizaciones orientadas a la gobernanza por un conjunto de rasgos: dominio de un mercado o un área geográfica, regulación de actividades, violencia o amenaza, resolución de disputas, corrupción y, sobre todo, control del territorio físico. Sobre la extorsión, dice que ese control "puede también extenderse" a ella. Puede, no es requisito. El ministro dijo compartir una definición y acto seguido le agregó una condición que no tiene. Y su propio Plan incluye la extorsión entre los elementos ya presentes del narco en Uruguay.

Veamos lo que la Policía Nacional informó al Senado ese mismo día.

El 58 % de los homicidios recientes se origina en conflictos entre grupos criminales, en especial en "disputas por control territorial de mercados ilícitos". En Villa Española, una estructura acumula nueve homicidios en un conflicto que arranca en 2013. En Cerro Norte, Casabó y La Paloma hubo 33 homicidios desde 2014; en Lavalleja y Peñarol, 29. Zonas de Cerro Norte, La Teja y Marconi, que suman el 0,5 % de la superficie de Montevideo, concentraron el 18% de sus homicidios en 2025.

Allí la Estrategia Atenea tiene el objetivo declarado de "controlar el territorio", y la Operación Dominio interviene en "microterritorios en conflicto". Nadie sale a recuperar lo que nunca perdió.

Las cifras policiales completan el cuadro: sus unidades desarticularon 22 estructuras criminales en barrios como Marconi, Cerro, Villa Española, Cruz de Carrasco, Flor de Maroñas o Punta de Rieles, con 870 allanamientos y 418 armas y más de 66.000 cartuchos incautados. El Ministerio, además, dice tener identificados unos 2.700 delincuentes que operan para 137 organizaciones. Se dirá que eso prueba que el Estado actúa.

Es cierto. Pero un Estado que necesita 870 allanamientos para entrar a un barrio no gobierna ese barrio, lo disputa con el narco. Y lo que se disputa es, por definición, un territorio que alguien más también controla.

Violencia sostenida durante más de una década, disputa armada por mercados, concentración espacial de la muerte, familias expulsadas de sus casas, no se trata de mera "presencia narco".

Es, en los términos de Naciones Unidas que el ministro dice compartir, control territorial criminal, es decir zona tomada por el narco.

Rosario conoce este camino. Allí también se discutió durante años si había o no zonas tomadas, mientras las bandas consolidaban su dominio barrio por barrio. Argentina dejó de discutir palabras y creó una herramienta, sancionó la Ley 27.786 permite que un juez declare una "Zona Sujeta a Investigación Especial" cuando los delitos buscan asegurar el control de un territorio o sustraerlo de la autoridad estatal. No exige probar extorsión. En julio de 2025 se aplicó por primera vez en Rosario, en el marco del Plan Bandera.

Uruguay no es el Rosario de 2023, pero ya muestra rasgos de ese proceso, guerras entre clanes, armas automáticas, conflictos que se heredan y territorios donde el Estado solo entra con operativos especiales.

La pregunta no es si llegaremos ahí, sino si vamos a esperar a llegar.

Mientras tanto, los números hablan. El primer semestre de 2026 cerró con 195 homicidios, 6,6 % más que en 2025, y tres de cada cuatro fueron con armas de fuego, se trata del peor primer semestre en años. En 2025, 213 de las 372 muertes ya se vinculaban a conflictos entre grupos criminales. Un eventual mejor setiembre no cambia una tendencia, y el propio ministro lo admitió.

Minimizar el problema no es ser prudente, es ser muy irresponsable. Uruguay necesita un diagnóstico barrio por barrio, herramientas legales y coraje político para intervenir territorios bajo control narco con garantías judiciales y, antes que nada, un ministro dispuesto a llamar a las cosas por su nombre.

Su propio plan ya lo hizo.