Crisis global de vivienda

Néstor Humberto Martínez Neira
El problema del déficit habitacional, que afecta a 2.800 millones de personas, estalló esta semana en el mundo. La falta de oferta de vivienda, seguida por una creciente demanda, estimulada por los flujos migratorios y la creciente expansión de los arriendos temporales, ha terminado elevando delirantemente los precios de los inmuebles y, claro está, de los cánones de arrendamiento. Por irresponsabilidad, los gobiernos han dejado incubar este problema, y su única solución, a la hora de enfrentarlo, como respuesta a la movilización social, es interviniendo el mercado inmobiliario, lo que solamente agravará la situación en el largo plazo. Lo que está pasando en España es muy ilustrativo. Para estimular su economía, hace un par de lustros se promovió la inversión extranjera en la finca raíz, lo que generó un verdadero boom, que ha terminado tomándose barrios enteros de sus principales ciudades, ha dado lugar a que los precios de la vivienda se hayan aumentado un 80 % en los últimos 10 años —más del doble que la media europea— y los precios de los alquileres se han vuelto inalcanzables para muchos sectores, al punto de que se ha retrasado la emancipación de los jóvenes, que pasados los 30 años siguen viviendo con sus padres, ante la imposibilidad de asumir la renta de un piso promedio. Con motivo del desahucio de una anciana de 87 años que no pagaba los arriendos, la gente salió a la calle. La respuesta ha sido la expedición de dos decretos que desafían los fundamentales de la economía de mercado. Entre otras medidas, se prohíbe hasta el año 2030 el lanzamiento de los arrendatarios morosos, lo que deja desprotegidos a los propietarios; se impide a los fondos de inversión y a los rentistas comprar vivienda en toda la península hasta el año 2028 y se les impuso un gravamen extraordinario del 25 %; se prorrogan por dos años todos los contratos de arrendamiento, sin posibilidad de ajuste de la renta, y se gravan los pisos turísticos con un impuesto adicional del 10 %. El día que se promulgaron los reales decretos entró en vigor en Nueva York una medida promovida por el alcalde comunista de esa ciudad, que congela los precios de los arriendos de un millón de viviendas en la capital del mundo capitalista. Este precedente, por supuesto, debilitará la inversión futura en el mercado inmobiliario neoyorquino. Todos estos movimientos han llegado a Inglaterra, la patria de la economía liberal. El nuevo primer ministro, Andy Burnham, acaba de anunciar que hará de la crisis de la vivienda su prioridad de gobierno. Para empezar, derogará el "derecho de compra" de la vivienda social, que facilitó la Thatcher, para que las viviendas públicas que se construyan en el futuro queden a disposición solo de inquilinos. En la medida en que los líderes mundiales sigan interviniendo la industria inmobiliaria, sin contar con el mercado, se agravará la situación. Los precios subirán si se construye menos. Los gobiernos saben que con su chequera no pueden resolver el asunto. Se necesita de la inversión privada. El modelo colombiano ha sido un ejemplo internacional. Inicialmente con la Upac se dirigió el ahorro particular hacia la construcción de 1,5 millones de viviendas, hasta que satanizaron judicialmente el sistema. Fue necesario entonces utilizar el mecanismo de subsidios para incentivar la demanda y mantener la construcción privada. El programa Mi Casa Ya fue todo un éxito, hasta que Petro lo acabó con sevicia. Se espera que se enmiende pronto la situación en la Patria Milagro, con el concurso del sector privado. Taponazo. Petro necesitaba más pobres sin casa, para alimentar el odio social.
En la medida en que los

líderes mundiales sigan interviniendo la industria inmobiliaria, sin contar con el mercado, se agravará la situación. Los precios subirán si se construye menos.
EL MODELO COLOMBIANO